De intolerancias y abusos

"Lo que pasó en la Escuela Padre Claret es una barbaridad". Así definió el director de Educación Media y Técnica de la provincia, Fernando Pisani, al increíble hecho por el cual un alumno de 9º año de la EGB fue expulsado de su escuela por dar una opinión que no gustó a los directivos.

El año pasado Raúl había sido invitado por sus profesores a escribir sobre su escuela. En la redacción, de tono respetuoso y corregida por su maestra, el alumno mostró su disconformidad con el trato de algunos profesores. La opinión molestó a la institución de Viamonte y Paraguay, que decidió no reinscribirlo y notificarle a la madre que buscara otra escuela para su hijo.

Agotada todas las instancias para que acepten al adolescente -quien no quería separarse de sus compañeros-, la madre acudió a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. La intervención de este organismo fue en defensa de los derechos del niño, ya que considera el defensor que se está vulnerando la libertad de expresión.

Si bien Pisani explicó que la órbita de gestión privada no es su ámbito de decisión, se mostró "en absoluto desacuerdo con el tratamiento que se le ha dado al alumno". Y para eso dio sus razones: "Por empezar la escuela debe ser un ámbito protegido para que ellos aprendan de sus errores. Si fomentamos que se expresen, que den sus opiniones, no tenemos luego que castigarlos porque no nos gusta lo que nos dicen".

A renglón seguido propuso: "Dialoguemos, discutamos responsablemente, en una de esas ellos son los que tienen la razón. Y si no la tienen usemos la persuasión, la demostración, el análisis, jamás la nota, el poder, la arbitrariedad".

Las escuelas privadas suelen argumentar que por ser tales las asiste "el derecho de admisión" de los alumnos. Para Pisani este punto puede ser compartido por los padres cuando se trata de elegir una escuela, que por ejemplo responda a determinado credo. Pero, en el caso del alumno de la Escuela Padre Claret, "ya no se trata de hablar de este derecho, sino del derecho a la expulsión".

"El alumno ya estaba en la escuela, cursó varios años allí por eso debe plantearse si esta escuela tiene derecho a expulsarlo porque no le gustan sus opiniones o porque supone conductas problemáticas", agregó el funcionario. También afirmó que "si hay un peso del Estado en esa escuela para pagar docentes, se entiende que el Estado debe defender una escuela para todos".

Para el director provincial la discusión también debe verse del lado afectivo, cómo esto afecta psicológicamente al alumno: "No nos olvidemos que con esa medida se lo desgaja de sus afectos y que también es un mensaje para los demás compañeritos. Me pregunto qué valores se terminan promoviendo con medidas como éstas".

Pisani insistió con su opinión en defender al alumno, porque entiende que "la escuela es o debe ser un ámbito protegido donde una equivocación no sea dramática". En su visión, "hay que darles cierta libertad de decisión a los alumnos para que puedan equivocarse o no pero sin ser castigados".

Según advirtió, "fuera de la escuela una equivocación se paga caro: hipotecar sus ingresos por años, la pérdida de trabajo, el hambre para su familia, la cárcel o la muerte. Pero si en la escuela no le enseñamos a aprender de sus errores y por el contrario los castigamos no estamos enseñando, los estamos marginando, los estamos expulsando y condenando. Y para que aprendan de sus errores debemos tolerar que los cometan".

El director que atiende la educación media en la provincia agregó además que "si alguien no quiere promover y practicar la tolerancia, formar y educar en la convivencia, entonces que no se dedique a la educación. Pero ojo -agregó-, también nosotros los adultos tenemos que ser tolerantes para con otros adultos y si finalmente hay una solución satisfactoria para las partes, bienvenida sea y aplaudámosla. Habremos aprendido todos".