Sospechan que desviaron a otros fines fondos previstos para ampliar cárceles

La hipótesis se desprende de informes oficiales. Parte de los 3 millones de pesos para ampliar y construir presidios, en los últimos 5 años, se habría usado en otros rubros. Podrían abrir una causa judicial para investigarlo

Jorge Salum / La Capital

Los casi tres millones de pesos originalmente asignados por la provincia en los últimos cinco años para la ampliación de las cárceles del Servicio Penitenciario no siempre se utilizaron con esos fines y probablemente una parte se desvió hacia otros gastos realizados por el Estado santafesino. Esta es la sospecha que sobrevuela desde hace un par de días la investigación que el juez de Instrucción rosarino Carlos Triglia realiza en torno a las condiciones de detención de más de 1.200 reclusos apiñados en las comisarías de la ciudad. En caso de confirmarse, la hipótesis pondría en apuros a funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda con responsabilidad en la administración de esos recursos, ya que el magistrado estaría evaluando la posibilidad de abrir una causa paralela para investigar una presunta malversación de fondos y descubrir a los responsables.

Triglia debe resolver en los próximos días un recurso de hábeas corpus presentado por los reclusos de todas las comisarías rosarinas con el patrocinio de la ONG Coordinadora de Trabajos Carcelarios (CTC). Los presos son más de 1.200 y están alojados en sitios donde apenas cabrían unos 400. Mientras esa situación se agrava, el Poder Ejecutivo desobedece las órdenes impartidas por distintos jueces para reducir la cantidad de detenidos en las seccionales y reubicarlos en sitios más dignos y seguros.

Las sospechas en torno a la utilización indebida de fondos destinados a mejorar la infraestructura carcelaria y aumentar las plazas surge de las notorias diferencias detectadas por Triglia entre dos informes oficiales, uno del Ministerio de Hacienda y Finanzas y otro del Ministerio de Obras Públicas. Al primer organismo el juez le pidió hace algunas semanas que informara cuántos recursos asignó en los últimos cinco años y a qué áreas de la gestión pública, y al segundo le preguntó en qué gastó aquello que le envió la primera cartera para mejorar los presidios provinciales.

Como los datos no coinciden en varios puntos, el juez intenta ahora profundizar sus indagaciones para hallar una explicación a esas diferencias. Pero la hipótesis es que Obras Públicas no puso en las cárceles el dinero que dice haber gastado en ese rubro.

En rigor, del informe enviado por el ministro Alberto Hammerly se desprende la sospecha de que en los últimos cinco años la provincia sólo ejecutó dos obras para el Servicio Penitenciario: la construcción y posterior ampliación del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar), y la de la Alcaidía de Mujeres. Otras nunca se hicieron o están en una etapa anterior a la que describe el ministro. Un ejemplo de esto último es el caso de la futura cárcel de Piñero, que por ahora no pasa de ser un proyecto. Aunque Hammerly informó que el presidio ya está construido en un 26 por ciento, el dato no coincide con la descripción que realizan distintos observadores imparciales.

La idea de Triglia es profundizar ahora la pesquisa en torno al destino que tuvieron los casi 3.000.000 de pesos que Hacienda dijo haber enviado a Obras Públicas para la remodelación, ampliación e incluso construcción de cárceles, y sobre cuyo destino este último ministerio no tiene una explicación satisfactoria. Lo grave es que si hubo desvío de fondos, como sospechan en el juzgado de Triglia, se produjo en medio de la peor crisis penitenciaria de la historia de la provincia y de un déficit de plazas que afecta casi exclusivamente a Rosario.

La cárcel de Piñero, uno de los proyectos que sufrió constantes postergaciones.