Cambio radical de la Casa Joven

Empleados provinciales de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal denunciaron que el instituto Casa Joven de General Lagos, una experiencia de puertas abiertas que consideran "modelo y piloto", se convertirá en una entidad de puertas cerradas. Los empleados destacaron además "la alarmante situación" que atraviesan los chicos detenidos en comisarías.

Según señalaron ayer los empleados, la Casa Joven "no cuenta en todo su historial con hechos de violencia entre los menores ni de menores hacia mayores lo que confirma, excepto para esta Dirección, lo acertado de esta apuesta de trabajo de rehabilitación", que se distingue porque los jóvenes no están privados de libertad. Ahora el instituto tendrá un alambrado perimetral, custodia y aberturas selladas.

Los trabajadores de la dependencia, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), calificaron de "incompetente" a la conducción de esa repartición debido a que "teniendo los medios disponibles y un personal altamente capacitado por diez años no ha podido resolver la problemática de los menores que delinquen".

Por la grave situación de los menores detenidos en comisarías, que en Rosario son más de 70, hay en trámite un hábeas corpus correctivo, similar al que está en curso para internos mayores. El cumplimiento de este amparo, que tiene resolución favorable del juez Juan Leandro Artigas desde el mes de julio de 2002, se prorroga desde entonces a pedido del Poder Ejecutivo, que debe proveer ámbitos específicos para el alojamiento de menores. Este diario le preguntó el lunes al presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, cómo la ejecución de un recurso que demanda una definición inmediata puede postergarse 28 meses. "No podría hablar de prórroga y opinar sobre el tema me parecería excesivo. Sé que a los jueces de Menores esta situación les preocupa y lo han hecho público", dijo el ministro.