Desaparecidos. Novedades en las causas por el II Cuerpo

Digerónimo se apresta a citar a militares para indagarlos

Entre los ex comandantes de la unidad de batalla imputados figuran Díaz Bessone y Trimarco

Jorge Salum / La Capital

Un número todavía indefinido de militares retirados que se desempeñaron en el II Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1983 deberían comenzar a desfilar en las próximas semanas por los Tribunales Federales de Rosario para responder sobre su responsabilidad en la tortura, la desaparición y el asesinato de decenas de personas durante la última dictadura. Los militares serán citados a declarar -en su mayoría como imputados- por el juez federal Omar Digerónimo, quien tiene a su cargo la investigación sobre la represión ilegal y sus ejecutores en Rosario. Entre los que serán indagados e incluso podrían quedar detenidos figuran los generales retirados Ramón Genaro Díaz Bessone y Juan Carlos Ricardo Trimarco, quienes estuvieron al frente del II Cuerpo en distintos períodos de aquella época.

Con bastante retraso respecto de las expectativas de los familiares de desaparecidos que impulsan las investigaciones, Digerónimo ya se prepara para interrogar a los militares y empezaría a citarlos esta misma semana o quizás la próxima, según informaron ayer a La Capital voceros cercanos al magistrado. El juez también estaría a punto de declarar la inconstitucionalidad de los decretos de indulto firmados durante el gobierno de Carlos Menem, perdón que hasta ahora inmunizó a muchos militares ante una eventual acusación.

Digerónimo ya manifestó en varias oportunidades su intención de reactivar las causas contra los responsables locales de la represión a partir de los pedidos realizados por familiares de desaparecidos y del fiscal federal Francisco Sosa, pero ese propósito aún no se materializó por distintas causas.

El camino para la determinación de la responsabilidad que tuvieron distintos jefes militares en el secuestro y asesinato de personas se despejó el año pasado, cuando el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, instruyó a los fiscales federales para que impulsaran la declaración de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida.

El fiscal Sosa lo hizo en septiembre, y días después el propio Digerónimo hizo lugar a esa solicitud, en ambos casos en el marco del pedido que hicieron los familiares de los desaparecidos Eduardo José Tonioli y Fernando Dussex. El magistrado prepara desde entonces la indagatoria de distintos jerarcas de la dictadura en Rosario, pero la tarea se retrasó y Digerónimo atribuye esa demora no sólo a la necesidad de revisar los abultados expedientes judiciales abiertos para investigar distintos casos sino a la estructura ínfima con la que debe hacer frente a esa pesquisa.

El juez espera resolver antes de las indagatorias un nuevo planteo realizado la semana pasada por Sosa sobre la inconstitucionalidad de los indultos. La declaración de inconstitucionalidad de esos decretos menemistas le permitirá citar a indagatoria a algunos militares que fueron alcanzados por esos indultos y que por tal razón todavía no pueden ser acusados.

El pedido de Sosa se suma al que hizo, también la semana pasada, un familiar de Daniel Gorosito, un desaparecido al que vieron con vida por última vez el 28 de octubre de 1976 en la cárcel clandestina que funcionó en el edificio de la ex Jefatura de Policía. La mujer y el Equipo Jurídico de Derechos Humanos (integrado por abogados rosarinos) lleva tiempo reclamando a Digerónimo que investigue a los responsables de su desaparición, pero la vigencia de los indultos traba el avance de esa búsqueda.

Ahora esa barrera estaría a punto de caer si, como anticiparon ayer fuentes de la Justicia federal, el juez finalmente dicta la inconstitucionalidad de los decretos de indulto firmados por Menem y comienza a indagar a los militares que estuvieron al frente del Comando del II Cuerpo de Ejército, en cuyo ámbito funcionaron varias cárceles clandestinas. Entre ellas están la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco (en Rosario), La Calamita (en Granadero Baigorria) y La Intermedia (en Timbúes). Todas dependían de la misma jefatura castrense.

"El juez ya está redactando la resolución, que se conocerá en los próximos días", reveló ayer un vocero cercano al magistrado. A partir de ese momento la citación de ex militares de alto rango sería cuestión de días, y el juez ya estaría confeccionando los pedidos de captura para el caso de que se nieguen a presentarse.

El juez federal podría declarar la inconstitucionalidad de los indultos otorgados por Menem.