Editorial

Los controles del gas envasado

La crisis energética que sufre el país, por responsabilidades compartidas entre empresarios y políticas de Estado, ha puesto en el centro del debate el consumo de parte de la ciudadanía, los medios de distribución, los costos y los mecanismos de control oficiales para garantizar un buen servicio. En tal sentido, un informe publicado ayer por La Capital revela que medio millón de hogares santafesinos (1.700.000 personas) no poseen redes domiciliarias y deben recurrir al gas envasado en garrafas. Hay diferencias que no son menores entre una y otra forma de consumo: el gas en garrafas (o gas licuado de petróleo) tiene un costo siete veces mayor al de red. Generalmente lo adquieren obligadamente los sectores más desprotegidos o de menores recursos de la sociedad y los mecanismos de control sobre las empresas que lo comercializan no están claros cuáles son y qué alcances tienen.

Se trata de una situación que profundiza la desigualdad preexistente y ante la cual nadie debería permanecer indiferente, mucho menos los funcionarios del área respectiva, tanto del orden nacional, provincial o municipal. Porque bien se sabe que esas familias de menores recursos cada invierno deben extremar el cuidado sobre el consumo del gas en garrafa a tal punto que en más de una oportunidad la opción es usarlo sólo para cocinar y no para calefaccionar. O bien el alto costo llama a la delincuencia, que encuentra allí un rubro de rápida colocación para los envases robados. Por ello, precisamente, resulta imprescindible realizar exhaustivos y permanentes controles de seguridad de las garrafas. Y en esto la provincia sigue teniendo una deuda pendiente con la sociedad.

Vale reconocer, por cierto, las iniciativas del diputado provincial Juan Carlos Millet y del senador nacional Rubén Giustiniani: el primero reclamó a la provincia que explique qué repartición u organismo realiza tareas de control y qué empresas comercializan; el segundo presentó un proyecto en el Congreso para que se declare como servicio público a la producción, comercialización y distribución de gas en garrafa y se fije una tarifa que garantice el servicio a quienes no tienen acceso a la red.

Sin duda, el Estado posee resortes para corregir los errores cometidos cuando se desreguló Gas del Estado, para llevar más transparencia y seguridad y para atenuar las marcadas desigualdades entre los consumidores. Sólo debe tomar la iniciativa.