Reclaman una ley que proteja el ecosistema de islas

Grupos ecologistas revelaron que la mayoría de los campos quemados pertenecen a rosarinos y porteños

"Los graves incendios ocurridos en las islas frente a Rosario dejaron al desnudo la falta de una legislación que proteja esa zona", denunciaron ayer los integrantes del Taller Ecologista de Rosario y del Foro Ecologista de Paraná. Los miembros de estas organizaciones no gubernamentales (ONGs) revelaron además que los daños provocados por el fuego destruyeron gran parte del ecosistema de los humedales y ratificaron que "la quema se inició por cuestiones de dinero". Pero hubo más. Indicaron que las tierras afectadas por las llamas "están en manos de casi medio centenar de personas y empresas, en su mayoría de Rosario y Buenos Aires".

Elba Stancich y Diego Rodríguez fueron los encargados de brindar los detalles de una investigación que están llevando adelante ambas entidades ecologistas. Las ONGs consideraron "imprescindible" que el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, reglamente la ley Nº9.008 que regula los usos permitidos y prohibidos en esta zona de islas. La normativa fue aprobada por la Legislatura entrerriana y la reglamentación también está elaborada. Sólo falta que el mandatario estampe su firma. Pero "la ley está cajoneada hace más de un año", denunció Rodríguez.

Sin ir más lejos, en el texto de dicha ley se prohíbe -por ejemplo- la quema de pastizales en las islas. Pero hasta hoy continúa habiendo un vacío legal en este sentido.

Según los ecologistas, casi medio centenar de personas físicas y jurídicas serían las propietarias de los campos afectados por los incendios en las islas. "La mayoría son de Rosario y Buenos Aires", detallaron.

Aún no se determinó con exactitud cuántas hectáreas fueron arrasadas por las llamas. Así, el titular de Defensa Civil de Entre Ríos, Roberto Destry, había denunciado en el momento de los incendios que la superficie dañada alcanzaba las 25 mil hectáreas, mientras que para la Fiscalía de Estado de Entre Ríos, eran sólo 9 mil hectáreas. Ahora, los ecologistas sostienen que ellos comprobaron que fueron perjudicadas unas 17 mil hectáreas.

Más allá de la kilómetros cuadrados quemados, los representantes de las ONGs dejaron en claro que estos incendios intencionales "se realizaron por dinero y terminaron dañando notablemente el ecosistema de los humedales".

Desde hace tres años los ecologistas vienen reclamando una urgente legislación que estipule las actividades que pueden desarrollarse en las islas. En junio del 2001 ya pronosticaban que la presencia del puente a Victoria facilitaría el rápido acceso a sectores de islas, con lo que se incrementaría la presión humana sobre esas zonas y exigían un trabajo mancomunado de los gobiernos de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

"A casi un año de inaugurada la conexión vial se comprueba que la falta de legislación adecuada, el incremento de las actividades en las islas y los nuevos usos de esas tierras -que triplicaron su valor- hicieron que la situación saliera de control y se terminara depredando el ecosistema", se quejaron.