Le ponen pimienta al año judicial

El directorio del Colegio de Abogados convocó a la prensa para dar a conocer sus críticas y reclamos de solución a los problemas que afronta la administración de justicia, tanto en el fuero provincial como en el federal. Como anticipo de lo que se dirá hoy, a las 13, en la sede de bulevar Oroño 1542 -ex Casa del Foro- se dejó entrever que se pondrán sobre la mesa puntos en algunos aspectos coincidentes y en otros no tanto con las manifestaciones del presidente de la Corte Suprema santafesina durante su discurso inaugural del año judicial pronunciado la semana pasada en Venado Tuerto.

En ese sentido se manifestará coincidencia con la necesidad de habilitar nuevos juzgados y establecer mecanismos que amplíen y agilicen el servicio judicial. Pero no todas las quejas apuntarán a la inercia del gobierno en esta materia, sino que también pueden esperarse señalamientos de morosidad y vinculados con el ejercicio del poder sancionatorio que tocan directamente al Poder Judicial.

La nueva conducción del Colegio rosarino, asumida en diciembre del 2003, se ha mostrado sumamente activa desde la finalización de la feria de enero en diligenciar situaciones que afectan el ejercicio profesional y hasta podrían suponer, en extremo análisis, una denegación de justicia.

En ese sentido sus representantes se han reunido en febrero con miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial, con el subsecretario de Justicia, Gustavo Vera, y con el subjefe de policía de Rosario, Héctor Hermida.

Los temas tocados fueron desde la cobertura de vacantes judiciales y funcionamiento del Consejo de la Magistratura hasta el problema de inseguridad que afecta a los estudios jurídicos, en algunos casos con responsabilidad policial.

Una novedad que se planteó fue el pedido de participación del Colegio en la selección del personal judicial.

Esta ofensiva continuará con reuniones solicitadas al intendente, Miguel Lifschitz, para conversar sobre la Justicia municipal y la recién creada Guardia Urbana, entre otros temas, y a las autoridades de la Administración Provincial de Impuestos, repartición donde se registran atrasos en algunos casos considerables y cuyo funcionamiento concentra numerosas quejas de abogados y sus clientes.