La oposición reclamará la intervención si no hay pedido de desafuero

Nina Aragonés enfrenta una dura prueba en la Legislatura santiagueña

Los antijuaristas buscan por todos los medios que sea indagada por irregularidades en la función pública

La Legislatura santiagueña tratará hoy uno de los dos pedidos de desafuero que pesan sobre la gobernadora Mercedes Nina Aragonés de Juárez, solicitado por el juez federal Angel Toledo, en su intento de indagarla por el cobro irregular de una jubilación incompatible con la función pública. Desde la oposición se adelantó que si el pedido de desafuero -que ayer tomó estado parlamentario- fracasa, como todo parece indicar por la mayoría que ostenta el juarismo en el cuerpo, impulsarán la intervención de la provincia.

En la Cámara de Diputados provincial, donde se tratará este pedido de desafuero, el bloque oficialista que responde a Nina cuenta con 29 de los 50 votos, y se requieren 33 para que la pretensión de Toledo no haga agua.

Desde el oficialismo ya se anunció que "no se apoyará ninguno de los pedidos de desafuero en contra de la gobernadora" porque las denuncias "forman parte de una campaña de desprestigio".

En tanto, desde una de las bancadas opositoras -Frente para la Victoria- integrada por seis diputados alejados del oficialismo, advirtieron que "no podrán votar" los legisladores involucrados en las causas Ansés y la del saqueo e intento de asesinato al diputado nacional José Figueroa.

Se trata del reelecto presidente de la Legislatura, Carlos Salido, y de los diputados del PJ Angel Bagli (jefe de bloque), Daniel Escobar Correa, Carlos Segienowich, Pastora González y María Cieri, indicados como los organizadores del ataque a la lujosa casa del diputado menemista Figueroa.

Por su parte, el delegado local del Ansés, Juan Baracat, confirmó que en la denuncia por el cobro irregular de jubilaciones, además de la gobernadora, se encuentran implicados los diputados justicialistas Eva Peralta, Felipa Montenegro, Pastora González, María Zavaleta y Román Cano.

En la misma defraudación en perjuicio del Estado nacional, que supera los 11 millones de pesos, también fueron denunciados el diputado nacional Juan Domingo Pinto Buchman, los jueces Dora González, Mario Abalos, Elvecia Nuñez y más de 20 funcionarios.

Desde la oposición sostienen que en caso de no aprobarse en la Legislatura provincial los pedidos de desafuero, tendrán que "impulsar y apoyar de ahora en más una intervención federal para superar la crisis que afecta a la provincia".

La gobernadora, quien anteayer no participó de la inauguración de las sesiones ordinarias, ya anticipó, por su parte, que no renunciará al cargo.

Nina confía en que sus fieles diputados hagan naufragar el pedido de desafuero.