La investigación del crimen de Sandra Cabrera

Un rompecabezas donde faltan piezas

El juez Carlos Carbone tomó declaración a allegados a la ex secretaria de Ammar. Todavía no asoman hipótesis

El juez de Instrucción Carlos Carbone ocupó gran parte de la jornada de ayer en tomar declaraciones testimoniales a personas allegadas a la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), Sandra Cabrera, quien fue asesinada de un disparo en la nuca la madrugada del pasado 27 de enero frente a una vivienda de Iriondo al 600. Entre quienes hablaron delante del magistrado estuvo el dueño del burdel Punta Cana, lugar que la trabajadora sexual había denunciado en septiembre de 2003 por trabajar bajo "protección policial", más precisamente bajo el paraguas del ex jefe de la disuelta sección Moralidad Pública, Javier Pinatti.

También dentro de la causa, el juez Carbone estudiaba ayer qué hacer con la carta manuscrita que el padre de la meretriz asesinada halló sobre la tumba de su hija el pasado viernes y que, según denunció, fue depositada por un policía vestido con uniforme. Según lo publicado por Rosario/12 el sábado pasado, esa misiva decía textualmente: "Podrite gorda puta por buchona. Faltan dos todavía que están en la mira. Me cago en los derechos humanos, protectores de delincuentes. Viva la policía (las botas)". Y una firma "P".

Por otra parte, Diego P., un policía federal que revista en la delegación local de Drogas Peligrosas, está bajo la lupa de la Justicia después de confesar ante el juez que mantenía una relación sentimental con Cabrera y que había estado con ella, incluso mantenido relaciones sexuales, la noche del crimen.

"La sospecha es que Cabrera y este policía pudieron haber tenido una relación sentimental y comercial", contó ayer un vocero de la pesquisa. De acuerdo a lo que se pudo avanzar, Sandra y el oficial se conocieron cuando ella lo denunció porque se habría quedado "con un vuelto" y el uniformado se tuvo que someter a una investigación de Asuntos Internos de la Federal por esa cuestión. Lo cierto es que tras ese incidente se amigaron y entablaron una "relación afectiva y comercial".

En ese marco, habrá que recordar que Carbone mandó a allanar las dependencias de Drogas Peligrosas de la Federal el último viernes. Entonces se incautaron los libros de guardia y las planillas en las que figuran los movimientos de las brigadas operativas. Esos documentos, dijo un vocero, "presentan algunas irregularidades", especialmente la planilla del 27 de enero, el día que mataron a Cabrera. "Nos queda la sensación de que no hay un control estricto del personal de calle, y justo la del 27 de enero parece como truchada", confió un pesquisa.


Del burdel al juzgado
"No aportó nada nuevo, nada que haga presumir nuevas hipótesis sobre el crimen", dijo a La Capital el juez Carbone en relación a la declaración testimonial que prestó ayer el dueño del prostíbulo Punta Cana, ubicado en Castellanos al 600 y clausurado en dos oportunidades por la policía provincial.

La declaración de este hombre, Germán S., era esperada no sólo por el magistrado sino también por los investigadores policiales. Es que en septiembre pasado dos compañeras de Sandra Cabrera, con el apoyo de ésta, acusaron ante un fiscal al ex jefe de Moralidad Pública, Javier Pinatti, de brindarle protección al prostíbulo y de amenazarlas para que dejaran trabajar tranquilo a ese local. Y, además, porque el día en que el boliche fue clausurado por primera vez y su propietario resultó detenido por retener la documentación de una joven dominicana que ejercía allí la prostitución, de las manos de Germán S. cayó un papel en el cual figuraba el nombre de Pinatti y el número de teléfono de Moralidad Pública.

En ese orden, tanto Pinatti como el suboficial Sergio Bermejo, que prestaba servicios en Moralidad, se encuentran imputados por cohecho y amenazas coactivas, en una causa que lleva adelante la jueza de Instrucción María Luisa Pérez Vara.