El dictamen cuenta con el respaldo del bloque del PJ

Los senadores avanzaron en el juicio político a Moliné

La comisión de Diputados comenzó con la apertura de pruebas que amenazan la continuidad del magistrado

En una breve reunión, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avanzó ayer en el consenso para apertura a pruebas en el juicio político que se le sigue al suspendido juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O'Connor por presunto mal desempeño en sus funciones, que sería tratado hoy en el recinto.

De ser finalmente aprobado hoy en el Senado, el proceso contra Moliné contaría con 30 días hábiles para la presentación de las pruebas admitidas, que vencería el 11 de diciembre próximo, un día después del recambio de la Cámara baja.

Aunque la titular de la comisión, Cristina Fernández de Kirchner, estimó que el proceso puede estar concluido antes del 10 de diciembre, dado que el plazo admitido por el reglamento de la Cámara es el máximo, pero si se concluye antes nada impide que el cuerpo lo trate cuando toda la prueba esté presentada.

El proyecto de dictamen, propuesto por la santacruceña, ya cuenta con el respaldo de los justicialista, incluida la menemista salteña Sonia Escudero, y de la frentista Vilma Ibarra.

Pero los radicales -a través del chaqueño Eduardo Moro- adelantaron que recién hoy fijarán posición al respecto en la reunión de bloque convocada para las 11.

La propuesta consensuada ayer habilita la apertura a pruebas "informativa testimoniales y periciales", entre las cuales se incluye la convocatoria a declarar a 21 testigos, cinco de los cuales fueron requeridos tanto por la parte acusadora como de la defensa: Luisa Esther Gaba, Andrés Troha, Guillermo Fanelli Evans, Yolanda Eggink y Ricardo Schorr.

Además, se citaría al juez Héctor Magariños (una de las causas por las que se lo acusa a Moliné) y al titular de la Oficina Anticorrupción, Carlos Garrido, para que informe sobre las actuaciones realizadas en esa dependencia en el marco de la causa Meller, que junto a la de Franco Macri completan el trío por las cuales se lo enjuició al magistrado.

Entre los testigos figuran ex funcionarios de la desaparecida Entel y del Ministerio de Economía. En este sentido, el dictamen acepta sólo cinco de los 39 testigos pedidos por la defensa, que en su momento había solicitado la presencia en el recinto del presidente Néstor Kirchner y los ministros Roberto Lavagna, Rafael Bielsa y Gustavo Beliz.

Tampoco se aceptó la solicitud para que presten testimonios el ex presidente Carlos Menem; el titular de la Corte Suprema, Julio Nazareno; la ex interventora de Entel, María Julia Alsogaray; y la del ex secretario de Seguridad, Alberto Iribarne.


Por mayoría simple
También se solicitarían nueve oficios (cuatro pedidos por la acusación y cinco por la defensa). El tema que quedó superado es el referido a los votos que se precisan rechazar las pruebas pedidas por la defensa, que la semana anterior había generado un intercambio de opiniones entre los senadores, aunque al final prevaleció la idea de mayoría simple, de acuerdo a los antecedentes de otros juicios políticos.

Una vez que el plenario de la Cámara vote esta nómina, se abrirá un período de treinta días hábiles -como máximo- para que se sustancie este proceso.

Igualmente, los senadores estimaron que los testimonios se tomarán en un plazo menor, que comenzaría la próxima semana y que finalizaría, a más tardar, en quince días.

Por ello calculan que en la última semana de noviembre o en la primera de diciembre se podría estar votando sobre la destitución solicitada por la comisión acusadora, una vez que sean escuchados los alegatos brindados por ambas partes en relación a las pruebas.

La senadora Fernández de Kichner.