Lifschitz adhirió a la marcha de los Padres del Dolor

Carpa frente a Tribunales para pedir pesquisas judiciales claras

Unos 300 allegados a víctimas de violencia policial y delito común unieron el Monumento y la sede judicial

Los Padres del Dolor realizaron la segunda marcha para pedir el esclarecimiento de las muertes de sus hijos, familiares y amigos; con investigaciones desinteresadas y transparentes por parte de los jueces y condenas a los asesinos. Fue una movilización de más de 300 personas que partió del Monumento a la Bandera con destino a Tribunales, donde al llegar instalaron una carpa "para poder ver a los jueces todas las mañanas", anunciaron. Por primera vez, contaron con la visita de la futura máxima autoridad política de la ciudad, el intendente electo Miguel Lifschitz, que se acercó para expresarle su apoyo a los familiares de las víctimas. Concejales, representantes de organismos de derechos humanos y partidos políticos formaron parte de la movilización.

Padres del Dolor, o Padres en Lucha, agrupa a familiares de víctimas de violencia policial y delincuencia común nucleados detrás de un fuerte reclamo de Justicia. Exigen, según pregonan, actuaciones policiales exentas de muertes violentas, investigaciones judiciales libres de compromisos políticos y fallos que condenen a los culpables de los homicidios, sean cometidos por policías por delincuentes comunes.

"No estamos denunciando casos aislados, en nuestra pelea descubrimos que existe un sistema de impunidad y corrupción", explicó Gladys Gauna, una de las impulsoras de la agrupación. Es la mamá de Carlos, un chico de 19 años que murió baleado por un policía en un baldío de Ludueña en agosto de 2002. La semana pasada, la Cámara Penal rechazó el archivo de la investigación que había ordenado el juez de Instrucción Luis María Caterina y ordenó que se indagara al policía acusado de haberle disparado, una medida que nunca fue tomada.

La medida de la Cámara llegó 20 días después de una reunión que los Padres en Lucha tuvieron con el asesor de gabinete de la Secretaría de Justicia de la Nación, Eduardo Guarna. Una coincidencia que la familia no cree casual. El funcionario denunció públicamente a varios medios la "debilidad" del sistema de Justicia santafesino basado en los "intereses" de los funcionarios designados a dedo por los "favores" que deben devolver.

Los funcionarios nacionales escucharon a varias familias de víctimas santafesinas y recibieron los expedientes de cada caso para su estudio, una actitud que dejó conformes a los Padres y les renovó la esperanza en su pelea.

Entre los que fueron citados a Buenos Aires estaban los familiares de los pescadores Matías Bustamante y Francisco y Rafael Mezza, asesinados en El Biguazal, cerca de Reconquista y que ayer participaron por primera vez en la marcha, a instancias del mismo Guarna. "Nos aconsejó que nos reuniéramos con otros que tampoco son escuchados", dijo Liliana Mezza, hija y hermana de las víctimas quien asegura que el único detenido por ese crimen múltiple es inocente y que los sospechosos nunca fueron investigados por su relación con la policía y el poder político local.

Lifschitz se sumó a la convocatoria "para apoyar a estar personas en su lucha, que es el reclamo de toda la sociedad". El intendente electo se comprometió a impulsar políticas sociales y resolver problemas de infraestructura urbana y se mostró confiado en que el próximo gobierno provincial de prioridad a la seguridad y abra un área de Derechos Humanos.

Al frente de la marcha estaba la mamá de David Fernández, un chico de 15 asesinado por el agente Sebastián De Marco en agosto pasado cuando corría asustado por la presencia policial en el barrio El Nuevo Mangrullo. "Los testigos fueron muy valientes. Declararon todo, a pesar de las amenazas", dijo Gloria Vergara, convencida de que "el policía actuó con alevosía, porque le disparó a un chiquito desarmado, a 3 metros de distancia, cuando podría haberlo detenido de cualquier forma".

También participaron los familiares de Walter García, que murió baleado con 5 disparos por el sargento Mario Cufré, en Villa Diego, el 26 de agosto pasado en circunstancias muy confusas. Lo acusaron de un robo y de haber disparado al policía, aunque de acuerdo a las pericias el proyectil que hirió al uniformado en la mano partió de su propia arma.

Los padres de Walter Caballero y Andrés Velásquez, que a cuatro años del crimen esperan a un juez que escuche a los testigos; los de David Sánchez, que aguardan una investigación que profundice en lo que le ocurrió al chiquito; los de Clemente Arona, muerto en un extraño accidente en Venado Tuerto, participaron nuevamente del reclamo que impulsan unas 35 familias rosarinas dispuestas a que los jueces los vean frente a Tribunales todos los días.

La gente reclamó contra la impunidad.