Análisis: Privilegio sin cerrojo y testimonio bajo candado

Hernán Lascano / La Capital

La decisión de no incorporar el acta de la declaración de Tulio Adorna al expediente supone una determinación hecha a medida, por lo desigual y selectiva, en el proceso de administración de justicia. La razón invocada por el defensor del adolescente es que de esa manera se protegerá la intimidad del chico. El juez evaluó el argumento y lo aceptó.

Con la decisión de dejar al margen la declaración de Tulio el sumario, que es un instrumento público en bloque, quedará fraccionado. Frente a esta resolución algo parece incontrastable: si se generaliza lo que pidió la defensa del chico, a lo que el juez hizo lugar, podría requerirse que todas las declaraciones indagatorias de todos los menores que comparecen para ello en esos juzgados sean, como la de Tulio, archivadas en una caja fuerte. Porque todas ellas revelan situaciones de intimidad de cada menor bajo proceso. Por supuesto que la abrumadora mayoría de los chicos que pasan por los tres juzgados de menores de Rosario no gozan de esa ventaja.

La ley prevé que las actuaciones, en esta etapa del proceso, no sean públicas. Pero todo tiene que estar en el expediente. Por lo tanto, al darle curso al planteo de dejar al margen la declaración de Tulio queda cristalizada una situación de privilegio para el joven imputado por los crímenes de Funes en desmedro de todos los chicos con causas abiertas en ese mismo juzgado.

Esto, que es verdad, es lo que queda en la superficie del tema. Por debajo hay otra cosa: la absoluta desconfianza que se prodigan las partes intervinientes en el proceso. El expediente del menor no llega a manos de terceros porque es secreto, sólo público para las partes, lo que está resguardado por la propia ley. Entonces, ¿para qué sería necesario colocar lo que dijo Tulio en un archivo bajo siete llaves? No es difícil conjeturar la respuesta: porque cada unos de los actores que estaban ayer en la indagatoria -el juez, el secretario penal, la fiscal, el abogado, el asesor de menores- sospechan que el otro está hablando con la prensa.

El Estado tiene la obligación de brindar a Tulio, al ser menor, absoluta tutela y protección. Pero el resguardo hacia Tulio no es el que reciben centenares de menores que, sin contemplaciones, suelen ser depositados en lugares de detención aun cuando haya presunción de que actuaron bajo uso de drogas en delitos muchs más leves. Ojalá el Estado tuviera, independientemente de su condición de clase, la misma deferencia con todos.

Nadie de los Tribunales fue a Funes a pesar de que fueron señaladas públicamente -incluso en los medios nacionales- las relaciones económicas irregulares del dueño de la casa donde ocurrió el drama y la policía. Pese a eso quien hizo la investigación autónoma fue la policía, sin control del juez ni de la fiscal del caso. En aquel momento nadie se preocupó por el resguardo de la pesquisa. Ahora sí aparece esa inquietud y la declaración del chico se deja fuera del expediente. Justo en el momento en que se están divulgando por los medios cuestiones opacas que no se refutan y que, sin embargo, son las que parecen causar verdadera preocupación. La coincidencia no parece azarosa.