Año CXXXVI Nº 48173
La Ciudad
Política
Economía
Información Gral
Opinión
El Mundo
La Región
Policiales
Cartas de lectores


suplementos
Ovación
Educación
Campo
Escenario


suplementos
ediciones anteriores
Salud 08/10
Autos 08/10
Turismo 05/10
Mujer 05/10
Escenario 05/10
Señales 05/10


contacto

servicios

Institucional

 sábado, 11 de octubre de 2003

Opinión
Ocho años perdidos

Marcela Isaías / La Capital

En 1991, días antes de asumir como ministro de Educación de la provincia, Danilo Kilibarda, en una entrevista otorgada a La Capital (4/12/91), decía: “Para mayo próximo -el 92- creo que tendremos en el Congreso santafesino la ley de educación común y el estatuto del docente para los cuales les he rogado a los gremios docentes que resignen aspiraciones en aras del bien común porque nos podemos quedar sin nada”. En la misma nota señalaba como otra aspiración la vuelta a su función del Consejo Provincial de Educación. Y, además, cuando se le preguntó qué haría con los subsidios a las escuelas privadas, respondió: “Emprolijar, que el subsidio vaya donde es necesario y ejercer contralor a través de auditorías permanentes, con reglas de juego claras”.

Kilibarda fue el primer ministro de Educación de Carlos Reutemann, en su primera gestión de gobierno. Luego le siguió un fugaz Ricardo Kauffman, hasta llegar a quien sería el que marcaría con su impronta a la cartera educativa: el ingeniero Fernando Bondesío. Su estilo no pasó inadvertido para los docentes, sobre todo porque introdujo, mucho antes que la reforma educativa, los términos propios de la economía para hablar de educación. De hecho, le gustaba definirse como un “gerente” de su cargo.

Bondesío fue el mentor del presentismo, la salida autoritaria que el gobierno encontró para ponerle freno a los paros que proliferaban por entonces, en lugar de atender a los reclamos que hoy son parte del listado que se le presenta a cada nuevo ministro.

Concluyó el primer gobierno de Reutemann y ni la ley de educación ni el estatuto del docente lograron sortear la etapa de los discursos y anuncios, o a lo sumo de tibios proyectos.

La llegada de Jorge Obeid (1994) no cambió sustancialmente las eternas postergaciones. Sólo que en el medio irrumpió con fuerza la ley federal, y el discurso de ese momento obligó a mirar para otro lado. El nombramiento de María Rosa Stanoevich y su estabilidad a lo largo de la gestión de Obeid pareció otorgarle continuidad a la política del sector, que en realidad no era diferente a lo que desde la Nación se imponía para el sistema educativo en su conjunto.

La nueva aparición de Reutemann al frente de la gobernación (en 1999) puso en escena su particular estilo para el cargo de ministro de Educación, la de alguien que se sujetara a los designios de Juan Carlos Mercier, su ex ministro de Economía, quien no casualmente se mantuvo casi los dos períodos de gestión reutemista. Pasaron entonces por la cartera educativa el ingeniero Gualberto Venesia, el bioquímico Alejandro Rébola hasta llegar al renunciante contador Daniel Germano. Ahora le tocará completar lo que queda de gestión a Julio Zapata.

Es decir, transcurrieron 8 años de gobierno reutemista y 7 ministros de Educación (casi uno por año, como promedio). Los cambios de estos titulares no deberían llamar la atención si no fuera porque cada uno llegó con su gente y sus propias ideas de lo que era prioritario. Lo que no hizo otra cosa que marcar la ausencia de una política educativa de Estado coherente tanto en uno como en otro período de gobierno.

La renuncia de Germano está vinculada, en primera medida, a la diferencia mantenida con el gobernador Reutemann y su ministro de Hacienda, Miguel Asensio, por el pedido que les hizo para nombrar en planta permanente a siete técnicos del área de informática. Cuestión que todavía no se definió. También es cierto que la renuncia de Germano se relaciona con los tires y aflojes con la Iglesia Católica y los colegios privados a raíz del tope puesto a las cuotas y a la restricción ejercida sobre los subsidios. Sin embargo, las mismas declaraciones de Kilibarda, allá por 1991, demuestran que el tema no es nuevo. De hecho en julio del año pasado el ex ministro Alejandro Rébola, sin menos ruido e intervención mediática, había suspendido el subsidio oficial a 11 colegios privados por no presentar los comprobantes que rindieran cuenta del destino del dinero que se le giraba en concepto de subsidios (La Capital, 11 /07/02).

Es más, tal discusión -la generada en torno al tope de las cuotas- pasa a ser una anécdota si se la contrapone con otros números, que muestran otra realidad acerca de la incidencia de la educación privada en la provincia y sobre la cual no se mostró ninguna intención de cambiar durante todos estos años de gobiernos democráticos. Y no debería olvidarse que en algunos momentos se alentó incluso la creación de escuelas privadas para subsanar el servicio que la gestión pública no brindaba a raíz de los grandes conflictos gremiales.

La presencia del sector privado en el sistema educativo provincial es significativa en número y en poder. Representa casi el 28 por ciento del total. El 86% de esas escuelas (entre parcial y total) cuenta con subsidio del Estado. A su vez, dentro de ese 28%, el 69% de los colegios son confesionales y un 40% son propiedad de la Iglesia. Aunque conviene no mezclar la labor asistencial de muchas escuelas parroquiales con la decisión que se atribuye a sí misma la jerarquía eclesiástica para opinar, imponer normas y conductas en el resto del sistema educativo. La inexistencia de definiciones claras en materia de educación sexual es un ejemplo contundente.

Pero hay otros contrastes: mientras la ley provincial de educación -que regule el funcionamiento del sistema- sigue siendo parte del anuncio de cada ministro que arriba al Centro Cívico instalado en la capital provincial, y el estatuto del docente -que regula nada menos que la labor de los maestros- una eterna postergación para el sector, desde 1968 la educación privada goza de su propia ley, que entre otros beneficios le ha permitido la creación del Servicio de Provincial de Enseñanza Privada (Spep), que funciona como un miniministerio dentro del Ministerio.

La salida de Germano muestra una vez más la oportunidad histórica que desaprovechó Reutemann durante 8 años de gestión para transformar a la educación santafesina y convertirla en algo más de lo que es. De hecho, si hoy la labor escolar provincial está bien valorada en comparación con otros distritos es solamente por el trabajo de los docentes, que permanecen de pie más allá del desfile vergonzoso de ministros



enviar nota por e-mail

contacto
buscador

Notas Relacionadas
Dichos y hechos de la educación para todos


  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados