Año CXXXVII Nº 49140
La Ciudad
Política
Economía
La Región
Información Gral
El Mundo
Opinión
Escenario
Ovación
Policiales
Página Solidaria
Cartas de lectores



suplementos
Ovación Mundial
Salud


suplementos
ediciones anteriores
Turismo 11/06
Mujer 11/06
Economía 11/06
Escenario 11/06
Señales 11/06
Educación 10/06
Autos 25/05

contacto

servicios
Institucional


 miércoles, 14 de junio de 2006  
Por pedido de un jubilado, un juez ordenó poner más policías en las calles
Analizan la orden judicial de poner más policías en las calles

"Esta es la mejor demostración de que los ciudadanos se sienten indefensos frente a la ola de delitos que tiene varios años y que, entre otras cosas, genera el gran deterioro económico y social de la Argentina". Con este concepto, el profesor de Teoría Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Hugo Quiroga, analizó la demanda por más seguridad que un rosarino elevó a la Justicia y que derivó en que ésta ordenara al gobierno provincial que intensifique el control de la policía en las calles.

"Queda claro que este es el resultado de la gran situación de miseria social que hay", añadió el analista, para quien el reclamo es "lícito y legítimo".

Quiroga hizo la salvedad de que esta solicitud no debe confundirse "con un reclamo por mano dura; pedir seguridad civil no es precisamente buscar el uso del gatillo fácil ni de la represión, sino que el Estado cumpla con una función primaria y esencial de brindar seguridad a todos los habitantes".

El juez Civil y Comercial de la primera Nominación, Jorge Scavone, hizo lugar anteayer a un recurso interpuesto por un ciudadano que había promovido una demanda contra el Estado provincial con el objetivo de que se brindara mayor seguridad a la población, incrementando la presencia y patrullaje en la vía pública "para una mejor y efectiva prevención" en el combate del delito.

El fallo también obligó al Ejecutivo a entregar en el plazo de 90 días un informe especificando las políticas que instrumenta en materia de seguridad.


Un año de espera
Amparándose en los derechos reconocidos por la Constitución nacional y provincial, y haciendo suyo un reclamo popular constante, Hugo Peralta, un ciudadano jubilado de la UNR preocupado por la creciente ola de delitos que se registra a diario, se presentó en mayo de 2005 en los Tribunales provinciales y promovió una demanda contra el gobierno bajo los alcances de la ley 10.000 de intereses difusos.

El magistrado dijo que su intención es que "haya seguridad para toda la ciudadanía". Además, en su opinión, la demanda del jubilado que la interpuso, "no tiene intenciones políticas".

En declaraciones a Radio 2, Scavone dio detalles incluso sobre su propia perspectiva de la seguridad. "Falta presencia policial en toda la ciudad a pesar de los esfuerzos que se hacen desde el gobierno", puso de manifiesto.

"Yo voy caminando y no veo un policía en la calle; no quiero seguridad sólo para mí y para la persona que me la pidió, sino para toda la ciudadanía", expresó.

En este sentido, Quiroga manifestó que "no está mal que la Justicia se pronuncie sobre determinadas cosas. Más aún, de la misma manera los ciudadanos podrían reclamarle que se cumplan algunas conquistas sociales establecidas en la Constitución, como trabajo y vivienda dignos, que sin embargo no se cumplen".

De todos modos, dijo que en el caso en cuestión "la Justicia cumple una tarea institucional de control y de cumplimiento de los derechos previstos en el orden jurídico, por eso es que puede hacer una exigencia a partir de la ley de intereses difusos".

Así y todo, "estas cuestiones no son habituales, se trata de potestades del Ejecutivo con la intervención judicial para hacer tareas de control", remató.
enviar nota por e-mail
contacto
Búsqueda avanzada Archivo


  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados