Polémica en Venezuela por la orden de demolición de la sede de un periódico opositor

Caracas. - El gobierno venezolano rechazó ayer una acusación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respecto a que intenta silenciar a la prensa, asegurando que no intervino en una orden para demoler la sede del periódico regional Correo del Caroní, un férreo crítico del presidente Hugo Chávez. El Ministerio de Información emitió una declaración en la que fija posición sobre la medida contra el periódico opositor y sobre la declaración de la SIP en la que ésta advierte que podría tratarse de una represalia en vista de la posición independiente del diario.

La asamblea regional (Parlamento) del estado Bolívar, ubicado a unos 550 kilómetros al sureste de Caracas, controlada por partidarios del presidente Chávez, aprobó la moción "desalojo y demolición" del periódico el jueves. Los legisladores argumentaron que se constataron irregularidades en la construcción de la edificación en donde funciona el diario.

La SIP, en tanto, calificó la medida de "ridícula" y expresó su preocupación en torno a que la decisión de demoler la sede del Correo del Caroní sería una acción destinada a si lenciar a la prensa. En su declaración de respuesta, el Ministerio del Información afirmó que la SIP, a la cual se refirió como Sociedad Interamericana de Explotadores de Periodistas, aplica sus "mañas" para atentar contra Venezuela, al distorsionar el acuerdo aprobado por el consejo legislativo de Bolívar, que es el órgano legislativo regional, que aprobó la medida de demolición del periódico.

Agregó que la SIP pretende presentar el pronunciamiento del órgano legislativo de Bolívar como una decisión del Ejecutivo venezolano para luego "propagar la mentira de que el gobierno bolivariano hostiga al mencionado periódico".


Niegan ingerencia de Chávez
El ministerio indicó que la Constitución venezolana establece la independencia de los poderes públicos, de modo que el Legislativo de Bolívar, expresión del Poder Legislativo estatal, hizo uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias al exhortar a las autoridades locales a resolver la situación del terreno donde funciona la empresa.