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 domingo, 21 de mayo de 2006  
Ecos de la pelea en el cordón industrial
Aldo Strada: "El Estado no puede ser sólo un mediador en los conflictos"
El diputado quiere institucionalizar la comisión de seguimiento conformada por el caso ICI

Sandra Cicaré / La Capital

"A la hora de la discusión por la distribución del ingreso el Estado no puede ser sólo mediador", disparó el diputado provincial del ARI, Aldo Strada, miembro de la comisión de seguimiento de los conflictos del cordón industrial que conforman el Ejecutivo provincial, legisladores, sindicalistas e intendentes de la región. Activo partícipe de la discusión en torno al conflicto de la empresa ICI, Strada consideró que "si realmente el gobierno nacional y provincial empujan una política de mayor distribución del ingreso, no hay que dejar solos a los trabajadores en la pelea".

Convencido de que la autoridad laboral de la provincia debe asumir un nuevo rol -razón por la cual reenviará en pocos días a la Legislatura un proyecto para modificar su estructura, funcionamiento y su peso político- Strada aseguró que es clave definir una cuestión: "Hay que aclarar si este proceso de distribución del ingreso va a ser dirigido por el sector económico o alguna vez el poder político va a tomar el desafío de conducirlo", sentenció.

Strada consideró que el caso de la multinacional química de San Lorenzo es un caso testigo. "Es como el caso del alérgico, es aquel que reacciona primero ante un síntoma que hay en la sociedad", ejemplificó el legislador oriundo de San Justo.

-¿Cómo analiza la crisis de ICI?

-Por momento el conflicto parecía irracional, sin sentido, por los pedidos que planteaba la empresa. Ellos dijeron en algún momento "no vamos ni queremos pagar más en pesos de lo que estábamos pagando en dólares antes del 2001". Ese fue un punto de claridad sobre lo que pretendían y el otro fue cuando plantearon que si los salarios crecían tenían que hacerlo bajo condiciones de productividad. Allí aparece la cuestión de un planteo de condiciones laborales nuevas.

-¿Por qué este planteo en este momento de crecimiento?

-Las empresas saben que en Argentina, producto del crecimiento, van a tener que distribuir ganancias que antes no distribuían y ahí surge el tema de las condiciones de trabajo y las situaciones de crisis. Sucede que en realidad en el caso de ICI, más allá de que el convenio se hace bajo un procedimiento de crisis -que es un fraude laboral y el cual denunciamos- es que la empresa no está en esa situación. El 2005 fue uno de los mejores años y antes de que arranque el conflicto ellos habían reunido a los trabajadores para felicitarlos por eso.

-¿Cómo justifican este cambio repentino?

-LLevaron tres balances al Ministerio de Trabajo. Aquí hay una política del Estado que nosotros cuestionamos muchísimo y es que el gobierno no puede aceptar habilitar un procedimiento de crisis ahora. Sucede que también hubo una componenda con el secretario general de la Federación de los químicos, Reinaldo Hermoso, quien firmó este convenio bajo estas condiciones en la planta que tiene ICI en Mendoza. Por eso, fue más difícil para los trabajadores de San Lorenzo la discusión ya que la empresa venía con un antecedente jurídico muy importante. ICI reacciona en línea con lo que es la política salarial del gobierno nacional, que estableció un techo clarísmo de aumentos y con lo que pretenden las multinacionales en el país, esto es, distribuir lo mismo que antes de 2001.

-Mantener el mismo patrón de distribución.

-El patrón de distribución en la Argentina no cambia e inclusive es paradójico porque lo que se está dejando de lado son las reivindicaciones y las conquistas laborales del año 1975. Esto ocurrió con los nuevos acuerdos cerrados en Sulfacid o ICI y en otras empresas como Paraná Metal de Villa Constitución. Si se aplicaran estas reivindicaciones a los aumentos de convenios colectivos salariales que se están discutiendo ahora empezaríamos a tener realmente aumentos salariales en la Argentina, porque hasta ahora no los hay. Sólo son recuperos del poder adquisitivo pos devaluación. Empezaríamos a variar mínimamente la distribución del ingreso versus PBI en el país.

-¿Cuáles son estas proporciones?

-En la serie histórica que va de 1939 a 1975 el promedio de salarios es del 40 al 50% del Producto Bruto Interno. La dictadura se propone quebrar esta relación y lo logra. Al regresar la democracia, la participación de los trabajadores en la distribución de la renta nacional había caído al 28%. Durante los 90 llegó a un piso del 19% para luego recuperarse y caer en 1998 y derrumbarse con la devaluación. En la actualidad es del 23%. Entonces, ICI en realidad representa un síntoma (recomposición del ingreso) que comienzan a ver todas las patronales en la Argentina como riesgoso.

-¿Cómo se cierra el nuevo acuerdo con ICI?

-El acuerdo termina en un 80% con los puntos planteados por la empresa. Lo que sí lograron los trabajadores en el medio fue, entre otras cosas, el pago de un retractivo de seis meses correspondientes a los meses de 2005 en los cuales no habían cobrado según el convenio. Lo que se firma es un salario que es igual al del convenio nacional más el 23%, que se conforma del 16% más 200 pesos. La figura anterior y por la cual arrancó el conflicto era el convenio nacional más el 47%.

-¿Esto se puede repetir en otras empresas?

- Hoy ocurre que, no tanto por la desocupación, sino por la falta de mano de obra calificada, los trabajadores se sienten más seguros de sus puestos de trabajo y por lo tanto reclaman mejores salarios. Por eso, los conflictos laborales por recuperar derechos van a seguir creciendo y allí el Estado provincial y sus autoridades deben ofrecer herramientas. En ese sentido, tenemos un proyecto para fortalecer a la Secretaría de Trabajo como autoridad de aplicación. Sin embargo, vamos más allá y decimos que el Estado no puede a la hora de la discusión por la distribución del ingreso ser siempre mediador. Si realmente el gobierno nacional y provincial empujan una política de mayor distribución del ingreso hoy no hay que dejar solos a los trabajadores.

-El gremio de los aceiteros está también discutiendo lo mismo en el cordón industrial

-Por ahora todo está parado porque se está discutiendo en el Ministerio de Trabajo. Pero allí ocurre algo particular y es el encuadramiento distinto de los trabajadores a través de tercerizaciones en distintos gremios. Hay 2.500 trabajadores en la industria agroexportadora y sólo 500 están en el gremio aceitero y el resto en otros como Uocra, comercio, barrido y limpieza.

-¿Cómo va actuar el comité de crisis?

-El proceso de negociación que se va a hacer ahora y con el que el comité se estaría pronunciando como opinión para llegar a un acuerdo es construir un piso salarial de 1.500 pesos en forma inmediata porque el problema de los encuadramientos no se va a resolver rápidamente.

S.C.
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El legislador aseguró que "no hay que dejar solos a los trabajadores en la pelea".

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