Gigante dormido. Se encuentra en perfectas condiciones de ser adjudicado y sin embargo lo tienen abandonado

El edificio que construyó el Concejo está sin habitar desde hace dos años

Calculan que cuesta entre 2 y 3 millones de pesos. Se ubica en un lugar privilegiado y no saben qué hacer con él

Pablo R. Procopio / La Capital

Pasaron ya dos dos años desde que se terminó de construir y sigue vacío. Nadie habita el edificio de Suipacha 50 bis porque el Concejo Municipal no sabe qué hacer con él. Solucionaría el déficit habitacional de 21 familias que hoy mismo podrían instalarse, pero los ediles del Palacio Vasallo no lograron ponerse de acuerdo sobre su utilización desde que se empezó a construir en 1998. Ni siquiera lo tienen en su agenda. Un despropósito que, además, genera gastos diarios a las cuentas públicas del Poder Ejecutivo local.

Los flamantes departamentos del inmueble financiado por el cuerpo legislativo rosarino esperan a sus dueños desde junio de 2004 cuando quedó finalizado. Luego, en septiembre del año pasado, se le dio la recepción definitiva tras un análisis exhaustivo que permitió concluir hasta el más mínimo detalle.

Se trata de una obra que parece haber sido mal parida ya que, tras haberse comenzado a levantar, sufrió un parate de casi dos años en medio de la crisis de 2001 y la posterior devaluación.

La construcción fue supervisada por el Servicio Público de la Vivienda (SPV), un ente autárquico municipal que también opinó sobre el destino del edificio y que hoy se encarga de pagar su vigilancia privada y los servicios (energía eléctrica y agua) que se consumen diariamente.

La idea de inaugurar una torre con 21 departamentos de dos dormitorios y siete cocheras bajo techo fue impulsada por el ex concejal radical y presidente del cuerpo, Norberto Soriano.

En agosto de 1998, todas las bancadas acordaron destinar saldos presupuestarios para el desarrollo de un programa de viviendas a instrumentarse en coordinación con el SPV. La resolución correspondiente contó las firmas de los ex ediles Patricia Sandoz, Angel D'Ambrosio, Héctor Cavallero y, obviamente, Soriano.

Así, el proyecto fue solventado con dos ahorros significativos que produjo el Concejo durante los ejercicios de ese mismo año y de 1999. En plena época de la paridad uno a uno durante el proceso de convertibilidad, se aportaron 550 mil pesos para financiar la obra, a lo que se sumaron otros 291 mil el 10 de mayo de 2000, cuando Pablo Cribioli estuvo al frente del parlamento vernáculo.

Inmediatamente, el SPV llamó a licitación sólo para la construcción de la torre de departamentos, ya que el terreno pertenecía al Ejecutivo y fue cedido con ese fin.

Para el 28 de noviembre, la firma F&G Construcciones SRL resultó, tras una licitación, la encargada de llevar adelante los trabajos. "Ahorrar ese dinero me costó sangre, sudor y lágrimas", recordó el ex edil Soriano, y comentó que "había unas 500 personas interesadas en convertirse en adjudicatarias" que se inscribieron en un listado.

Es más, a la iniciativa se le sumó otra para que tres de los 21 departamentos fueran entregados a empleados del Vasallo. Se trató de una propuesta de la ex concejala Marta Martino.

En aquel entonces se pensaba beneficiar a familias con ingresos de entre 1.000 y 1.500 pesos mensuales para que pudieran financiar la compra con un crédito hipotecario. Lo cierto es que ni los empleados ni aquellos quienes podrían haber accedido a un departamento pueden ver hoy plasmada esa posibilidad.

El presidente del bloque Justicialista, Arturo Gandolla, es consciente de que en la actualidad, por la zona donde la obra está emplazada (entre otras cosas debido al crecimiento en todo sentido que tendrá el área del parque Scalabrini Ortiz, próximo al edificio), "cada unidad aumentó terriblemente su valor". En este sentido, dijo haber escuchado voces en contra de que "sean otorgadas a la gente" bajo los métodos de viviendas sociales.

Si bien en su momento algunos ediles se opusieron a que el Concejo se convirtiera en una especie de inmobiliaria, creyó conveniente acercarse a esta posición. "Se podría realizar una buena operación financiera y, con el dinero recaudado, podrían construirse viviendas más económicas y darle a la gente líneas de crédito vía el Banco Municipal, así solucionaríamos problemas para muchos ciudadanos", remarcó.

El representante contó que le dijo "a (el presidente del Concejo Miguel) Zamarini durante una de las últimas reuniones de Labor Parlamentaria, que era hora de que se tratara el tema del edificio, pero no se lo notó muy informado". En efecto, es la Presidencia del cuerpo la que tiene en sus manos la cuestión.

La zona se ha jerarquizado en los últimos años, convirtiéndose en una de las más requeridas de la ciudad. En el mercado local un departamento de esas características puede oscilar en los 50 mil dólares, según las autoridades del Concejo.

Ya en 2004 el SPV había entregado al, en ese momento, presidente del cuerpo, Agustín Rossi, y a todos los titulares de bloque un proyecto a través del que se proponía vender el edificio por licitación pública para que luego se comercializaran los 21 departamentos de dos dormitorios. Con el dinero recaudado el ente compraría terrenos y construiría nuevas viviendas, pero más económicas, para beneficiar a muchas más personas de clase media.

Hoy el edificio tiene un valor total estimado en entre 2 millones y 3 millones de pesos (el primer cálculo es de las inmobiliarias, el segundo, del mismo Concejo), cuando originalmente estuvo cotizado en 800 mil pesos. De todas maneras es necesario hacer la salvedad de que esa cantidad tenía una equivalencia igual en dólares debido al uno a uno, lo que ahora no guarda la misma relación.

El actual director del SPV, Gerardo Barro, opinó que "mantendría la posición de vender". Según su análisis, "es interesente lograr esos fondos para disponerlos en viviendas destinadas a la calse media baja que no puede acceder a las unidades habitacionales".

Oscar Urruty, actual diputado provincial, fue concejal en el período de mayores discusiones por el edificio. El legislador se quejó por los gastos que el deshabitado inmueble ocasiona porque permanece custodiado debido a que, al no tener ningún mecanismo de adjudicación, corre serios riesgos de ocupación ilegal.

El edificio de Suipacha 50 bis. Los vecinos quieren que se habite.