Crisis regional. El Gobierno de Evo Morales respondió que no teme eventuales demandas por nacionalizar sus hidrocarburos

Brasil advierte a Bolivia que podría ir ante la Justicia si aumenta el gas

Lo dijo el ministro de Hacienda. La estatal Petrobras suspenderá sus planeadas inversiones en el país andino

Brasilia. - La decisión de Bolivia de nacionalizar por decreto sus recursos de gas y petróleo amenaza con generar una verdadera tormenta regional, con base en las empresas petroleras que invirtieron millones en el país andino. La estatal brasileña Petrobras aseguró ayer que suspenderá cualquier nueva inversión en Bolivia, rechazará de plano un aumento del precio del gas e incluso recurrirá a la Justicia internacional para revisar el sorpresivo decreto del presidente Evo Morales. El gobierno brasileño también enfatizó la posibilidad de enviar el caso a tribunales de EEUU, según aseguró el ministro de Hacienda Guido Mantega. Ante las amenazas, Bolivia respondió que no teme a eventuales demandas por nacionalizar sus hidrocarburos.

El decreto obliga a las empresas transnacionales a entregar toda su producción al Estado de inmediato, además de cederle la mayoría de sus acciones. Petrobras y la hispanoargentina Repsol YPF son las mayores inversoras en el sector y las más afectadas. Brasil compra diariamente entre 26 a 27 millones de metros cúbicos de gas a Bolivia, es decir la mitad de su demanda. La Paz, por su parte, tiene en la petrolera brasileña a su principal cliente y contribuyente al fisco nacional. Las autoridades bolivianas ya habían adelantado que su país se propone pedir un aumento del precio del gas que vende a Brasil y Argentina.

El presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, anunció ayer que la compañía suspendió cualquier nueva inversión en Bolivia y que no accederá a aumentos en el precio de ventas del gas. "Estamos suspendiendo cualquier posibilidad de inversión. Eso (está dicho) de forma clara y directa", dijo Gabrielli en conferencia de prensa. La medida "no es propiamente una represalia, es producto del análisis de las condiciones" existentes en Bolivia, agregó.

Gabrielli dijo además que "si Bolivia solicita alteraciones de precio (de venta del gas), nuestra posición la estamos diciendo públicamente: estamos en contra de alterar los precios", contemplados en los contratos existentes desde los años 90.

El ejecutivo declinó detallar el monto de inversiones previstas, pero indicó que se trataba de numerosos proyectos que iban desde ampliar la capacidad de producción de gas hasta producir fertilizantes, aumentar la red de distribución interna de combustibles en Bolivia hasta la formación de mano de obra técnica.

Petrobras también advirtió que recurrirá a la Justicia internacional por el decreto de Morales. El recurso deberá ser presentado dentro del plazo de 180 días que La Paz dio a las empresas para adaptarse a las nuevas reglas o abandonar el país. El director de Gas y Energía de la compañía, Ildo Sauer, dijo que se usarán "todos los instrumentos jurídicos para garantizar los intereses de la empresa".

Sin embargo, sostuvo que los próximos 180 días servirán para negociar los términos de la nacionalización de reservas y asegurar los intereses de la firma en el país vecino. "Petrobras no tiene interés en salir de Bolivia. Quiere asegurar sus intereses comerciales y cumplir su compromiso de garantizar el abastecimiento de gas a Brasil", afirmó.

Por su parte, el ministro de Hacienda Guido Mantega aseguró que el gobierno de Bolivia tiene soberanía para nacionalizar las reservas de riquezas naturales del país, "pero para el suministro de gas (a Brasil) existe un contrato regido por leyes internacionales, que tiene incluso un tribunal arbitral, que es el de Nueva York. En este sentido, puede haber un debate judicial sobre los precios", señaló.


Una cuestión de derechos
Entretanto, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva dijo ayer que Brasil y Bolivia no viven una crisis y que resolverán sus diferencias en una mesa de negociaciones. El mandatario expresó que "el sufrido pueblo" boliviano tiene derecho a reclamar el control sobre sus riquezas hidrocarburíferas, pero aclaró: "El derecho de los bolivianos no significa negar el derecho de Brasil".

En respuesta a la ofensiva brasileña, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Jorge Alvarado, dijo que "las reglas de juego están dadas de acuerdo al decreto de nacionalización. Vamos a sentarnos a conversar con las empresas transnacionales que están operando en el país para ver cómo vamos a continuar trabajando de aquí en adelante", indicó en declaraciones a una radio limeña. En referencia a las posibles demandas judiciales, recalcó que Bolivia no teme ir a los tribunales internacionales. "Primero está en juego la soberanía y la dignidad de un pueblo", afirmó.

También agregó que no se espera despedir a las personas que actualmente trabajan en las instalaciones hidrocarburíferas extranjeras, y descartó que Morales esté pensando en expulsar a las empresas internacionales. "Ellos van a continuar operando con su personal y nuestro personal, no hay ningún problema. Es el tercer día de la nacionalización y las actividades no han variado absolutamente en nada", expresó.

Soldados bolivianos custodian un campo petrolero de Repsol.