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 jueves, 27 de abril de 2006  
Respaldo lugareño. Vecinos de la zona brindaron alternativas financieras para concretar el proyecto
Los obreros evitarían la liquidación de una planta en Cañada Rosquín
Propondrán al juez de la quiebra la formación de una cooperativa para gerenciar una fábrica de jabones

Cañada Rosquín.— Los obreros de la empresa jabonera Sagyd SA pasaron en pocas horas de la impotencia a la euforia, y de protagonizar un piquete a planificar el arduo trabajo que deberán realizar en los próximos 20 días, tiempo durante el cual tendrán que preparar junto a asesores legales, autoridades y dirigentes institucionales, un proyecto para presentar al juez que decretó la quiebra para que les permita hacerse cargo del funcionamiento de la compañía a través de una cooperativa.

  Al promediar la mañana de ayer, los empleados —que desde el 15 de marzo tomaron la planta fabril—, recibieron la noticia de que el juez Tristán Martínez de San Jorge dictaminó la quiebra y encomendó al síndico del concurso que tomase posesión de las instalaciones. Pero cuando el funcionario llegó al lugar se encontró con la resistencia de los empleados que, en señal de protesta cortaron la ruta 34, como lo hicieran hace un mes. Por la tarde se propició una reunión entre el síndico, empleados y asesores y el presidente comunal Hugo Dallari, además de representantes de instituciones que avalan a los trabajadores.

  Al finalizar el encuentro, el dirigente mutualista Roberto Bereciartúa comunicó los resultados positivos: el síndico otorgó la posibilidad de que preparen un proyecto de funcionamiento para presentar al juez . Así apareció una luz de esperanza para la cooperativa formación se decidió hace quince días en una asamblea.

  La empresa se encontraba en concurso preventivo de acreedores y la sentencia de quiebra fue notificada ayer. “La quiebra es un proceso de liquidación pero se trató de evitar su evolución con las alternativas que presenta la ley de quiebras”, explicó el abogado especialista en quiebras y concursos Eduardo Martoccia, quien participó del encuentro como asesor de los obreros.

  El interés colectivo triunfó por sobre todos los impedimentos. Más allá del fracaso del concurso al no lograr el saneamiento de la firma dentro de los plazos legales impuestos, los trabajadores y quienes avalan sus objetivos evitaron que la medida dictada se convierta en un proceso de liquidación.

  “Dado que la empresa tiene sus recursos humanos y tecnológicos en perfectas condiciones para funcionar y quizás le falte soporte financiero, en el plazo de 20 días vamos a presentar un proyecto para demostrar que es viable y rentable. Simplemente se necesita cumplir determinadas etapas para seguir funcionando y de esa manera salvaguardar la fuente de trabajo”, precisó Martoccia.

  Además aclaró que “ese es el objetivo de la ley de quiebras y concursos. No fue creada para proteger los intereses particulares de ninguna entidad financiera, fiscal o particular. Sólo persigue evitar que la miseria se multiplique. De este modo se busca que los capitales que en el futuro se vuelquen en la fábrica provengan de la región en apoyo genuino a un emprendimiento del lugar”.

  Según relató el abogado, en principio el síndico se manifestó en contra de todo proyecto de saneamiento financiero de quiebra con continuidad en la empresa, “pero fue cambiando ante las argumentaciones técnicas y legales que le propusimos y las alternativas financieras que brindó gente de la zona y los mismos trabajadores”.

  “Hoy existe el compromiso de la sindicatura de apoyar cualquier pedido de saneamiento que presentemos en la faz judicial y estimamos que el juez avalará esa iniciativa. Confiamos en una Justicia sensible y próxima a los intereses de la gente que en este caso apoyan la intención de formar una cooperativa de trabajo”, confluyó Martoccia.

  Para Dallari, ayer fue “un día histórico. Los que vivimos siempre en este pueblo vemos la posibilidad de que la fábrica pueda volver a ser de propietarios locales y nada menos que de los empleados”, observó el presidente comunal.

Antecedentes
  El conflicto comenzó a fines de 2005, cuando los 83 trabajadores comenzaron a percibir sus haberes con retraso. A principios de este año se suspendieron los pagos y el 15 de marzo pasado tomaron la empresa con el apoyo de familiares, vecinos solidarios y autoridades locales y provinciales. Días después y ante el agravamiento de la situación y el fracaso de las negociaciones con posibles compradores, decidieron cortar la ruta nacional 34 en la intersección con la provincial 66, medida que ayer retomaron por el lapso de 12 horas.
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Los empleados cortaron la ruta nacional 34.

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