La Europa de los 25 acordó su Constitución

Las diferencias se mantuvieron hasta último momento. La designación del sucesor de Prodi se pospuso

Bruselas. - Después de una última ronda de negociaciones durísima, los jefes de Estado y de gobierno de los 25 países de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo sobre el texto de su primera Constitución, aunque no se pudieron poner de acuerdo sobre el sucesor del actual jefe del Ejecutivo europeo, el italiano Romano Prodi. Tampoco habrá referencia alguna en el texto constitucional a las raíces cristianas de Europa, tal como reclamaban el Vaticano e Italia. Después del cachetazo que recibieron los gobiernos europeos con la mínima participación en las elecciones al Europarlamento del pasado fin de semana, los líderes del continente apretaron el paso y, pese a mantener enormes diferencias de fondo, lograron ponerse de acuerdo sobre las bases constitucionales que regirán a las 25 naciones de la Unión.

"Se llegó a un acuerdo en las reuniones bilaterales" que mantuvo el presidente rotativo de la UE y primer ministro irlandés, Bertie Ahern, con cada uno de sus 24 homólogos europeos durante varias horas. Los mandatarios ratificaron el acuerdo en una reunión plenaria, luego de un día que puso a más de uno de ellos al borde del agotamiento nervioso.

Uno de los puntos más disputados, por fuera de la Constitución, era el del nombramiento del sucesor de Prodi, quien termina su mandato en octubre próximo. El ministro irlandés de Asuntos Europeos, Dick Roche, admitió que la designación prevista para ayer, se aplazará hasta hoy al menos.

Con esta Constitución, la UE, además de dotarse de personalidad jurídica, pretende profundizar su accidentado proceso de integración, simplificando su funcionamiento con motivo de la reciente ampliación a 10 países y la futura adhesión de al menos otros cuatro.

Asimismo se pretende agilizar la toma de decisiones, aunque este objetivo se topó con los intereses internos de varios países, principalmente el Reino Unido, pero ciertamente Francia y Alemania también aportaron sus vetos y fricciones. La negociación se centró en la reforma de las instituciones europeas, uno de los capítulos más complicados de la Carta Magna.


La doble mayoría
Uno de los puntos que se llevaba años disputando refería al mecanismo de toma de decisión. Hasta ahora rige el principio de unanimidad, o, lo que es lo mismo, el derecho de veto, heredado de las Europa de los 15. Ayer, por fin, los europeos acordaron la toma de decisiones por "doble mayoría" en el Consejo de ministros de la UE: se logrará cuando lo acuerden 15 países (55% de los 25) que a su vez representen el 65% de la población total. Estas resoluciones podrán ser bloqueadas por no menos de cuatro países.

El Ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, que actualmente está compuesta por un miembro de cada país, la integrarán a partir de 2014 dos tercios del número de países de la UE, de manera rotativa.

Por su parte, el Parlamento Europeo tendrá un máximo de 750 diputados (hoy son 732), con un límite de 96 escaños para Alemania y un mínimo de seis para Luxemburgo y Malta.

Gran Bretaña planteó el mantenimiento del veto, en lugar de la mayoría calificada que rige hasta ahora en la UE, en varios temas clave: fisco, Defensa, política exterior y Justicia, así como políticas sociales y de trabajo. En estos dos últimos ítem, Londres argumenta que su sistema de cobertura social es demasiado diferente del continental como para integrarse. Inglaterra, dominada por una ola de "euroescepticismo" que castigó en las elecciones tanto a laboristas como a conservadores en favor de un partido explícitamente antieuropeo, también reclamó unanimidad o derecho de veto en todo lo que sean cambios en el sistema de fondos estructurales que reparte la UE entre sus socios más pobres. El acceso a los dineros de Bruselas es objeto de una fuerte puja entre viejos y nuevos beneficiarios del sistema, como España y Polonia.

La polémica inclusión en el Preámbulo de la Constitución de una referencia a las raíces cristianas de Europa, tal como pedían Italia y Polonia, así como El Vaticano, al final no figurará. La última propuesta tampoco presentó novedades importantes respecto al uso de las lenguas, y se establece que la Constitución europea se traducirá a las que sean "cooficiales" en algún miembro, como el catalán, el vasco o el gallego.