Afirman que son 67 los muertos por la inundación

A un año de la tragedia hídrica, una investigación triplicó la cantidad de víctimas fatales en Santa Fe

Santa Fe. - Las organizaciones de derechos humanos presentaron ayer en la capital provincial un informe según el cual las muertes producidas por efecto de la catástrofe hídrica del año pasado se elevan a 67 si se suman a los 23 fallecidos de la nómina oficial, otros 43 que no aparecen en esa lista confeccionada por el gobierno, a lo que se debe agregar una muerte intrauterina y una persona desaparecida.

El informe fue realizado por un equipo interdisciplinario que incluyó una investigación sobre muertos y desaparecidos, casa por casa de barrios inundados y con datos aportados por la organización Empresas Afectadas, y entre las causas de muerte se indican paros cardiorrespiratorios, descompensación, suicidios e infecciones.

También se pueden advertir en el informe, datos de cada uno de los fallecidos y fecha de su muerte, los casos de depresión seguidos de otras patologías, como cáncer, edema pulmonar, bronconeumonía, observándose su mayor número en los barrios San Lorenzo, Barranquitas, Centenario y Alfonso, aunque aclarándose también que las cifras son totalmente provisorias ya que el trabajo se pudo hacer sólo sobre una fracción de la población.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en las oficinas colmadas de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, con el marco emocional de familiares de los fallecidos portando retratos y la presencia de Madres de Plaza de Mayo encabezadas por Celina Kauffmans, una de sus figuras emblemáticas, quien reclamó "justicia y castigo para los responsables".

El informe fue brindado por Milagros Demirzi y Víctor Salami, quienes hicieron duros cargos tanto contra el gobierno de Carlos Reutemann como al de Jorge Obeid, a cuya Secretaría de Derechos Humanos "se le informó sobre esta situación en febrero", afirmando que "esto no es más que una continuación de la actitud inicial del gobierno, de abandono hacia la población en los momentos anteriores a la inundación como en los posteriores".

En ese sentido, afirmaron que está probado en el ámbito internacional "que en catástrofes evitables, como las que nos ha afectado en las cuales hay responsabilidades del Estado, las consecuencias se potencian debido a la sensación de desprotección y desamparo, lo cual incide en el plano emocional, produciéndose también distintos tipos de secuelas que en muchos casos conducen a la muerte".

De allí entonces los numerosos cuadros de depresión, fobia, pánico, desencadenamiento de cánceres, afecciones cardíacas, accidentes cerebrovasculares y amputaciones, entre otras, destacando que la cifra denunciada es totalmente provisoria, no sólo por los que ya fallecieron sino por los que probablemente fallezcan a consecuencia de secuelas que siguen vigentes, en caso de no ser atendidos debidamente".

En el informe se puede observar que la población más afectada crece con la edad, y que hay un elevado e inusual porcentaje de muertos con edades menores a los 70 años (47%), que la mayor incidencia de muertes se observa en los cuatro meses posteriores a la catástrofe, aunque también aparecen muertes a posteriori, tal vez no denunciadas por desconocimiento.

De acuerdo a lo que informó Lucila Puyol, del equipo legal, "todos estos elementos, más el caso de una persona desaparecida que se había denunciado, y sumada una muerte intrauterina que figura en el informe y un caso como muestreo de la situación de secuela II (no se encuentra fallecida pero sufre un daño gravísimo al encontrarse hemipléjico y afásico) presentamos la denuncia al juez de Instrucción 7º".

Este juzgado lleva la investigación por la responsabilidad por la inundación con las figuras de "estrago culposo calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a lo que posiblemente le estaríamos sumando la figura de homicidio culposo", precisó la abogada.

Los denunciantes aseguran que se puede incrementar la cifra al finalizar el trabajo.