Obligan a un municipio entrerriano a construir viviendas

General Ramírez.— Por un acuerdo firmado con la Defensoría de Pobres y Menores de Diamante, la Municipalidad de General Ramírez, ubicada a unos 60 kilómetros al este de Paraná, tiene plazo hasta el 30 de abril del 2008 para construir las viviendas que permitan trasladar a familias que actualmente viven en el basural de esta ciudad, en la miseria más absoluta.

   El convenio firmado en la Defensoría General de la Provincia, establece también que la comuna deberá asistir en forma inmediata a estas personas proveyéndolas con alimentos, principalmente leche entera y maternizada, medicamentos, vestimenta y calzado, pañales y elementos de higiene, así como tirantes, chapas y todos los materiales de construcción necesarios hasta su reubicación definitiva. Una medida complementaria a esta obligó también a la Municipalidad de General Ramírez a que antes del 30 de septiembre del año próximo se deberá erradicar el basural, ubicado apenas a cinco cuadras del centro de la ciudad.



Miseria. El plan de asistencia se fijó luego de la intimación que el titular de la Defensoría de Diamante, Esteban Monge, efectuó el mes pasado tanto al Ejecutivo entrerriano como al municipio ramirense por el grave estado de abandono en el que se encontraban esas familias. Según el funcionario, se trata de 26 personas que viven en las peores condiciones de miseria. Entre ellas, 17 son menores y varias presentan graves cuadros de desnutrición y hasta mordeduras de ratas.

   Monge, que había amenazado con realizar una acción de amparo o una medida cautelar si no había respuestas al respecto, remarcó que “se están violando las normas elementales del derecho a la salud y a una vivienda digna”. Además de falta de alimento, “estos chicos tienen escoriaciones de la piel, sarna y otras patologías certificadas por personal médico”, detalló.



Polémica. Conocida la denuncia del defensor de Pobres y Menores a principios de octubre, hubo quienes salieron al ruedo tratando de desprestigiar al funcionario bajo el argumento de que su accionar respondía a cuestiones políticas, más aún en el marco de las campañas por las recientes elecciones a nivel provincial y nacional.

   Al respecto, Monge aclaró que la investigación en Ramírez comenzó “hace un año por una denuncia de una señora por una bebita que vivía en el basural. Constaté la situación y solicité informes sociales. Hay toda una cuestión previa; no se llega a una intimación de la noche a la mañana”.

   Con dureza, Monge señaló que “es muy primario tratar de deslegitimarme. Yo soy defensor hace un año y desde que asumí trabajo para garantizar los derechos sociales y humanos de los que me rodean . Si lo quieren politizar este caso, que lo hagan, pero eso es justificar el fracaso”, concluyó el funcionario muy ofuscado.