Sin consenso

El Plan de Reordenamiento Urbanístico que propone la Municipalidad ingresó al Concejo con algunas modificaciones pero sigue sin conformar a los arquitectos y empresarios

Aníbal Fucaraccio y Alberto Serra

La polémica sigue instalada en torno a la reforma del Código Urbano. Todavía hay mucha tela para cortar pero no aparecen modificaciones de base ni se verifican intenciones serias de debate por parte del órgano promotor. La propuesta de la Municipalidad ingresó al Concejo y logró una unión inédita en la que tanto arquitectos como empresarios de la construcción unificaron su discurso y expresaron su rechazo.

   El plan oficial está inmerso en los calientes contrapuntos que ofrece la Comisión de Planeamiento del Palacio Vasallo. Y sigue considerando a los límites para las construcciones en altura como un punto neurálgico de la reforma, cuando no es el factor más significativo. Ante la comprensible catarata de críticas que recibió el proyecto inicial que planteaba reformas superficiales sólo en el área central de la ciudad y en el primer anillo perimetral, la Intendencia tomó nota, avanzó tibiamente y agregó su propuesta para el segundo anillo perimetral. Como si un plan pudiera salir a escena en partes, como piezas de un rompecabezas que siguen los caprichos de los tiempos y las especulaciones políticas. Evidentemente, existe una visión fragmentada de ciudad —con intenciones de rédito político— , que queda expuesta una vez más en este nuevo movimiento del Ejecutivo.

   Ante esta situación los profesionales más representativos del sector decidieron promover un Foro de la Construcción, espacio desde el cual plantean algunas recomendaciones y objeciones a la nueva reglamentación. Allí confluyen representantes de los colegios de Arquitectos, de Ingenieros Civiles, de Técnicos y Maestros Mayores de Obra, de las Cámaras Argentina de la Construcción, de empresas inmobiliarias de Rosario y de la Asociación de Empresarios de la Vivienda. Esto surge como una consecuencia directa del proceso de oídos sordos y miopía urbana que sostiene el gobierno.

   Tras el arribo de la reforma al Concejo, los arquitectos elaboraron un proyecto con alternativas para aquellos puntos del plan con los que están en desacuerdo. También mantuvieron reuniones con concejales de las bancadas mayoritarias, sobre todo con los integrantes de la comisión de Planeamiento. “Queremos despolitizar el tema. Simplemente planteamos nuestra posición”, señaló Emilio Farruggia, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Rosario.”Creo que hasta ahora hubo una discusión mediatizada. Por eso fijaremos posición a través del foro e insistiremos con el diálogo con los bloques de concejales”, explicó.



Bajo la lupa

Farruggia reiteró que es poco lo que se sabe del proyecto, razón por la cual el sector de la construcción reclama la difusión de “los indicadores urbanísticos en toda el área normativa”. Es que, tanto a su entender como el de la gran mayoría de sus pares, las obras de magnitud quedarán supeditadas a lugares con grandes parcelas, mientras que en el resto de la ciudad no se podrán hacer emprendimientos de importancia.

   “El desarrollo edilicio de la ciudad es una de las líneas de consenso más estructurales en un plan estratégico que debe ser necesariamente consensuado. La construcción de la ciudad no puede darse de modo compulsivo y a contramano de la opinión mayoritaria de la comunidad que la sustenta”, agregó.

   Al momento de destacar a los que se manifestaron en contra de la reforma del Código Urbano, el arquitecto apuntó que este contundente rechazo está avalado por “todas las entidades profesionales y las organizaciones empresarias, una buena parte de los profesores de las Facultades de Arquitectura —tanto de la UNR como de la UAI—, varios de los secretarios de Planeamiento de gestiones municipales anteriores, los tres expertos invitados por la misma Municipalidad dieron nada menos que 14 recomendaciones, los vecinos damnificados y los concejales de los bloques opositores”.

   En relación a las deudas más significativas de la propuesta oficial, comentó que la nueva normativa promueve mayor densidad en el área central y su incidencia es negativa en el ambiente urbano en tanto autoriza invadir el interior de la manzana generando edificios y espacios degradados. Desde el proyecto presentado no se elabora ninguna alternativa edilicia y de gestión que mejore estas relaciones.

   “Además —dice— el catálogo patrimonial es exagerado y desproporcionado. Elimina sin dar fundamento la construcción de edificios de gran porte. La configuración de nuevos hitos arquitectónicos y urbanos es discrecional. Evita reglamentar los emprendimientos y proyectos de mayor escala a realizarlos en grandes parcelas unificadas, obligando a acuerdos y convenios con las autoridades municipales. No discrimina ni articula usos, programas ni sectores urbanos. Consecuentemente unifica y limita la oferta edilicia e inmobiliaria a programas básicos. Y además favorece áreas urbanas privilegiados y de propiedad altamente concentrada”, apuntó con claridad Farruggia.

   La procesión en el Legislativo local es muy lenta. Los concejales aluden que el proyecto oficial (con más de 200 páginas) es muy amplio y que se necesita una revisión al detalle. Por eso la polémica amenaza con extenderse.



Metodología incorrecta

Luego de la reunión con las otras entidades, la Asociación de Empresarios de la Vivienda mantuvo su postura crítica e hizo saber que está cada vez más persuadida que la metodología no fue la correcta (ya que se esquivó a la Comisión Asesora y se ignoró el Decreto 29.218 del Concejo Municipal), y más aún, destacó que también se han desoído muchas de las recomendaciones de los expertos internacionales a pesar de que la Secretaría de Planeamiento aparece basando su postura en el aval de estos expertos contratados por la Intendencia.



Un plan insuficiente

Otra institución que salió a exponer su posición fue la Cámara de la Construcción de Rosario, cuyos principales referentes sostuvieron que el proyecto de reordenamiento urbano restringe pero no contempla una solución global para ordenar el crecimiento en toda la ciudad. “Tiene errores conceptuales en defensa del medio ambiente con alturas totalmente contradictorias. La cantidad de edificios patrimoniales a preservar es excesiva porque no se contempla la magnitud económica que costará al erario público, si le correspondiese, indemnizar a los propietarios afectados por la restricción de sus derechos. Y además, el debate que merece el cambio de la normativa vigente no está agotado”.