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 domingo, 09 de septiembre de 2007  
Impugnan el libre acceso a Medicina
Cinco docentes de la facultad piden suspender la decisión de la asamblea del 23 de agosto

Lucas Ameriso / La Capital

Las aguas bajan turbias en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Las divisiones internas se profundizaron tras la polémica derogación de la Instancia de Confrontación Vocacional (ICV) que abrió las puertas al ingreso irrestricto en la alta casa de estudios. Ahora, los cinco consejeros docentes que se retiraron de la asamblea del 23 de agosto presentaron ante el rector de la UNR, Darío Maiorana, un pedido de impugnación por entender que esta reunión está viciada de nulidad.

   En el escrito se denuncian “intimidaciones, falta de libertad en las deliberaciones y maquinaciones” y se solicita la suspensión de los efectos de la asamblea hasta tanto se resuelva en sede administrativa o judicial. Varios docentes denuncian que en la gestión a cargo del decano Carlos Crisci “impera el clima de intolerancia y violencia”.

   La votación en Medicina de aquel 23 de agosto fue caliente: diez consejeros levantaron sus manos, tres se abstuvieron y siete abandonaron el recinto (cinco docentes y dos estudiantes) en medio de fuertes acusaciones de aprietes e intimidaciones.

   Así, el camino al ingreso irrestricto quedó liberado aunque resta saber cuál será el nuevo plan de estudios. El escenario sin restricciones incluye ahora la posibilidad de unificar un curso preparatorio de ingreso con las escuelas de Enfermería y Fonoaudiología.

   Desde aquel entonces se alzaron voces en contra y a favor. La consejera docente Estela Martínez había enmarcado el encuentro en la misma línea que derivó en la elección del decano Crisci. La profesora insistió en la presencia de “barras de estudiantes que intervinieron activamente a los gritos, generando una atmósfera de intimidación”, ligadas al sector de izquierda Alde y a Renovación Compromiso y Participación (RCP).

   Crisci, en tanto, había negado ante La Capital que en la reunión del consejo directivo se produjeran hechos de agitación. “Las asambleas en la facultad están garantizadas, no hubo ningún episodio de violencia y todos han podido dar su opinión . Algunos con más vehemencia que otros, pero nadie impidió a un consejero la posibilidad de votar”, había enfatizado el decano el día después de la asamblea.

   

Gravedad institucional. Ante lo sucedido, los consejeros docentes Carlos Capitaine Funes, Estela Martínez, Fernando Blödorn, Teresa Micozzi y Olga Provenzal, con el aval de otros académicos, presentaron ante Maiorana un recurso de apelación donde se impugna lo resuelto por el Consejo Directivo de Medicina aquel 23 de agosto.

   Según el escrito, al que tuvo acceso La Capital, “han mediado vicios de forma constitutivos, intimidaciones, falta de libertad en las deliberaciones, artificios y maquinaciones”.

   Los profesores imputaron a las personas que votaron sobre las consecuencias jurídicas que pudiesen acarrear estas decisiones.

   La convocatoria al Consejo Directivo no cumplió con las 48 horas de antelación y no se notificó el orden del día, el decano no abrió ni cerró la asamblea, sino que fue el secretario académico, “lo cual califica al acto de ilegal”, expresa un párrafo del escrito también presentado ante la facultad.

   

Sin voz. “Hubo agresión a los presentes, falta de ratificación del acta y falta de libertad”, se agrega en el texto.

   En la enumeración detallada en la impugnación, los docentes advierten “un clima de hostigamiento” reflejado cuando a la consejera estudiantil, Erika Nadina Partida, “comenzaron a tironearle el cable del micrófono para impedirle que formulara su moción, que no pudo concretarse”. Y se hace otra mención a la sesión “cuando la investidura del decano fue avasallada por la acción prepotente y hostil de terceros que responden al Alde y RCP”.

   En la misma línea, el profesor titular de Clínica Médica, Alcides Greca, reveló en una carta enviada a La Capital su preocupación “por el clima de intolerancia” y le solicitó a Crisci “que garantice el debate democrático y ponga límites a la izquierda violenta”.
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