Polémica por el aumento de los subsidios a los senadores

Justicialistas y radicales acordaron elevar el monto de 17 mil pesos a 20 mil. Críticas opositoras

Marcelo Carné / La Capital

La polémica instalada a partir del incremento a 20 mil pesos del monto de los subsidios que entregan los senadores santafesinos también puso en la picota el precario sistema de control de la discrecional distribución de esos fondos públicos por parte de los legisladores.

La resolución de la comisión de Control y Gestión votada en el plenario de la Cámara alta en la sesión del jueves elevó de 14 a 20 mil pesos mensuales el rubro de los subsidios que los 19 representantes departamentales entrega.

Se trata del segundo incremento de los subsidios dispuesto en el Senado santafesino en lo que va del corriente año, ya que las partidas que originalmente ascendían a ocho mil pesos mensuales habían sido incrementadas hace pocos meses a 14 mil pesos antes de ser elevadas en la sesión de la antevíspera a 20 mil. “Estamos haciendo uso de una facultad que nos confiere la Constitución”, se defendió anoche un senador ante este diario. Lo cierto es que la medida votada por los senadores justicialistas y de la UCR, que no fue apoyada en el seno de la comisión de Control por la vicegobernadora, ni votada en el recinto de sesiones por las dos senadoras del socialismo, volvió a instalar el debate.

El sistema de registro interno que se lleva en el seno de la Cámara con el listado de beneficiarios no es publicado en ningún sitio oficial, imposibilitándose de tal forma el acceso a la información del discrecional uso de fondos públicos por parte de la prensa y la ciudadanía en general.

Otro aspecto cuestionable surge del cotejo con el sistema implementado hace unos años en Diputados, por el cual la Cámara entrega un listado de los beneficiarios de los subsidios al Banco de Santa Fe como agente financiero de la provincia para que los cheques sean librados en forma directa, y sin la intercesión de los legisladores. Ello no sucede actualmente en el Senado donde los valores son entregados personalmente por los legisladores en actos públicos.

Desde el Senado se defienden alegando que la medida “se ajusta estrictamente a los preceptos de la Constitución y el aumento de los subsidios se produjo con ahorros del presupuesto de la Cámara”.

Además se sostiene que en los registros de beneficiarios se deja asentado el pedido por nota de la entrega, con una evaluación no sólo del legislador al que se lo solicita sino de la comisión de Gestión, con el asesoramiento de un asistente social.

Y si bien se admite que los listados no son públicos, el control ulterior de la entrega de los subsidios corre por cuenta de un contador fiscal del Parlamento y el Tribunal de Cuentas.

La titular del Senado no estuvo de acuerdo con la medida.