Sugieren cesantear a cinco agentes penitenciarios

Un dictamen de Asuntos Jurídicos de Gobierno les atribuye responsabilidad en la Masacre de Coronda

El gobierno de la provincia ya tiene la vía libre para cesantear a los jefes del Servicio Penitenciario (SP) que estuvieron involucrados en la denominada Masacre de Coronda, una verdadera cacería humana ocurrida en ese penal santafesino el 11 de arbil de 2005 y que arrojó como saldo la muerte de 14 presos rosarinos. Así se desprende de un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno en el que se concuerda con la mayoría de las apreciaciones realizadas en el sumario administrativo hecho por el mismo SP. Ahora, el escrito será girado a la Fiscalía de Estado y luego al mismo gobernador Jorge Obeid, quien finalmente por decreto decidirá la situación de los imputados.

   El dictamen del ministerio de Gobierno lleva la firma de Daniel González Bertero y el portal de noticias santafesinos Notife lo difundió ayer en su página web. El documento está fechado el 1 de agosto, responde al recurso de revocatoria y apelación que oportunamente habían presentado los jefes involucrados y entiende que “los reclamos no pueden prosperar ya que fueron interpuestos contra un acto preparatorio de la voluntad administrativa elaborado por la autoridad penitenciaria y en la que pide la cesantía en virtud de la conducta desplegada en los hechos penosos de abril de 2005”.



Responsabilidades. Los involucrados por el sumario administrativo que el SP concluyó en septiembre de 2006 son el el subprefecto Manuel Benegas, el alcaide Daniel Ferreira, el subalcaide Marcelo Calligaro, el subprefecto Carlos Monti y el alcaide Oscar Mansilla.

   Como se recordará, la masacre se produjo cuando por negligencias de los jefes los presos santafesinos alojados en el pabellón 7 llegaron después de atravesar medio penal al interior del pabellón 1 y, utilizando una barreta de hierro, lograron forzar los candados de las barras de seguridad y acceder al interior de las celdas individuales donde “fueron matando de a uno” a los 14 rosarinos.

   Para sostener su dictamen, Bertero hace mención al estado judicial de la causa abierta contra los funcionarios penitenciarios y dice que “todos se encuentran imputados en la misma”; a la gravedad “inusitada” del hecho en cuestión, y al “pormenorizado informe” elaborado por el jefe de vigilancia de la cárcel corondina.

   En ese orden, manifiesta el escrito que “al tiempo de merituar la efectiva responsabilidad que les cupo a cada uno de los nombrados (...) la consecuente sanción de carácter administrativa que en este caso les cabría en razón de las acciones u omisiones exteriorizadas por cada uno de ellos” es la de cesantía. Y remarcó que el sumario administrativo les adjudicó como agravantes sus jerarquías, la antigüedad en la función, la trascendencia de los hechos y la gravedad de las faltas cometidas.

   En ese sentido, Bertero concluye que esos agravantes no fueron formulados en oportunidad de que los jefes mencionado prestaran declaraciones indagatorias ante la Justicia por lo que, según el funcionario, “a todos los implicados les cabe la responsabilidad administrativa, siendo procedente entonces la sanción de índole depurativa, propiciada por el titular del SP (...) corresponde acceder a lo solicitado, debiendo aplicar la sanción disciplinaria de destitución en grado de cesantía”.

   No deja de lado el dictamen las probanzas relacionadas con los informes de requisa que se efectuaron después de la masacre, lo que arrojó resultados alarmantes en cuanto a la cantidad de elementos punzantes y/o cortantes que se encontraron en diversos puntos del edificio. “Todo ello habla a las claras de la conducta negligente que asumieron quienes, por su cargo, debían efectuar un control dirimente de las instalaciones a los fines de prevenir, precisamente, consecuencias como las que, a la postre, acontecieron”.

El alcaide mayor Daniel Mansilla estaba al frente de la cárcel de Coronda en abril de 2005.