Un decreto del año 89 fue la clave

os ejes aparecen como claves en la resolución firmada por el juez Zucchi en la que se rechaza el pedido de una medida cautelar para impedir el cobro del plus de los estacioneros. Por un lado, su interpretación respecto de que el Cargo por Gastos Adicionales de Comercialización (CGGC) “no tiene fuerza vinculante ni obligatoria” sino que depende del criterio de cada propietario. Por el otro, la existencia del decreto 1.212 del año 89 que provocó la desregulación del sector de hidrocarburos.

   Esa norma persigue la desregulación de esa actividad y establece “reglas que privilegian los mecanismos de mercado para la fijación de precios, asignación de cantidades, valores de transferencia y /o bonificaciones en las distintas etapas”. Esto sin desconocer “la importancia estratégica que revisten los combustibles en la cadena de comercialización de un país”.

   Para los demandantes, en cambio, el cargo sobrepasa la potestad de los propietarios de las estaciones de servicio y es contrario a la Constitución nacional, las leyes de hidrocarburos, abastecimiento, defensa de la competencia y defensa del consumidor, así como distintas resoluciones de la Secretaría de Energía.



Competencia. El magistrado sí acuerda en declarar la competencia de la Justicia federal en la cuestión porque “lo medular del planteamiento que se efectúa compromete cuestiones relacionadas con la ley nacional de hidrocarburos 17.319, de neto corte federal reguladora de la actividad hidrocarburífera en el país”.

   En cuanto a la característica del servicio, al rechazar la cautelar el juez sostuvo que “el adicional de 15 centavos propuesto por las cámaras y federaciones que nuclean a los propietarios de estaciones de servicios, expendedores de combustibles y afines, no reviste el carácter vinculante y obligatorio, sino que depende en definitiva del criterio individual” de cada uno de ellos.