Precios. Los datos del IPC de febrero pusieron en tela de juicio las mediciones oficiales y alertaron sobre los la efectividad de las herramientas antiinflacionarias

La inflación no da tregua: ¿desacelera el efecto Moreno?

Los precios regulados y con acuerdos subieron tanto como los libres. Quejas de analistas

Sandra Cicaré / La Capital

"¿Se diluye el efecto Moreno?", se preguntó la consultora Economía y Regiones en su último reporte de inflación para ensayar alguna explicación al repunte de los precios, que aunque no se refleje en los indicadores oficiales es una verdad de perogrullo para los argentinos. La realidad cotidiana de las góndolas parece dar cuenta de que la política de acuerdos encarada con vehemencia desde la llega del funcionario a la cartera de Comercio Interior empezó a encontrar un techo tal como está planteada y aunque se pretenda "tapar el sol con la mano" mostrando indicadores atenuados, el bolsillo es el indicador más fiel para la gente.

Las estadísticas oficiales de febrero indicaron que en ese mes la inflación minorista sólo fue del 0,3 por ciento, un punto porcentual por debajo que la de un año atrás, aunque para la medición se tomaron como referencia sólo los precios controlados. Por caso, "en turismo, un rubro que cayó el 3,9%, el gobierno no tomó en cuenta -como en enero- los destinos al exterior y sólo se midieron los paquetes que tenían acuerdos de precios", señaló el informe de Economía y Regiones (E&R).

Además, en medicina prepaga (bajó 0,8%) no se computaron los aumentos de entre el 20 y 22% aplicados desde enero a los afiliados que no optaron por el sistema de copagos.

"Los indicadores sirven para corregir errores. Si el azúcar aumentó habrá que ver qué pasa con ese sector y si es necesario tomar acciones para atenderlo, pero no sirve de nada ocultar los datos", explicó el estadístico Alfredo Coniglio. "Los números son para tomar decisiones de gobierno y no para decir qué bien estamos", sentenció.


Un patrón ¿agotado?
La realidad que las cifras oficiales se empeñan en demostrar y el contraste con la realidad concreta no sólo tiñen de sospechas la rigurosidad de las estadísticas -cuestionadas incluso por los propios empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos en las últimas semanas- sino que interrogan sobre los alcances de una de las herramientas de política económica de este gobierno como es el acuerdo de precios.

De acuerdo al informe de E&R los últimos números dan algunas señales al respecto. Así, "durante el mes de febrero de 2007 los bienes y servicios libres de acuerdos registraron un incremento de precios del 0,1%, mientras que los controlados tuvieron un alza del 0,5%", explicaron.

Esto resulta de descomponer el Indice de Precios al Consumidor (IPC) en un componente "libre" y en otro "controlado". El primero está conformado por el IPC estacional (bienes y servicios que fluctúan estacionalmente como frutas, verduras, ropa, turismo, etc) sumado a uno subyacente (aquellos rubros del índice que no tienen comportamiento estacional ni están sujetos a regulaciones) con o sin acuerdos de precio.

En tanto, el componente "controlado" tiene en cuenta el IPC regulado (bienes y servicios sujetos a regulación estatal como vivienda, electricidad, agua, etc.) y el subyacente pero donde el gobierno selló acuerdos de precios.

Con este desagregado, en febrero el IPC libre subió 0,1% y acumuló en el año 1,3% de alza, mientras que el IPC controlado aumentó 0,5% y acumuló en 2007 1,6%.


Tiempos mejores
No siempre fue así. De hecho "en 2006 los bienes y servicios libres del control oficial acumularon un incremento de precios del 14,8%, mientras que los controlados registraron un alza de sólo el 4,7%", explica E&R, lo cual habla de la efectividad de las medidas antiinflacionarias.

Sin embargo, esta tendencia empezó a revertirse en 2007 al punto tal que los precios bajo acuerdo en febrero subieron 0,8% y los libres 0,6%. "La presente política de acuerdos de precios mostró cierta eficacia que no debe demerituarse. No obstante, estas políticas son parte de las herramientas que se pueden utilizar ante desequilibrios de comportamiento de precios relativos", dijo el economista Sergio Arelovich. En cambio, "para escenarios de asimetrías notorias en la relación entre vendedores y compradores, como es el caso de la Argentina desde hace décadas, la eficacia sólo puede verificarse en el corto plazo", agregó.

A su juicio, "los incrementos no esperados de precios, son expresión de un problema compuesto por varias áreas, entre las cuales la más significativa es el grado de concentración de poder de un reducido número de empresas" y señaló que "no hay en el horizonte de las políticas públicas nada que se parezca a detener el crecimiento de la concentración económica".


El efecto marzo
Con la llegada de las clases el tercer mes del año tiene fuertes componentes estacionales que inciden en el IPC especialmente en el rubro educación, donde impactan no sólo las compras de útiles escolares sino además las cuotas de los colegios privados.

Por eso, la forma en que el Indec mida esta evolución, volverá a ser el patrón que marcará la inflación de marzo.

Para transitar un año electoral tranquilo el gobierno debe asegurarse que la inflación acumulada del primer trimestre no supere el 2% - el año pasado tocó el 2,9%- ya que los primeros meses del año son determinantes a la hora de analizar el recorrido en todo el año.

Para eso, debe garantizarse que en marzo el IPC no supere el 0,5%, una cifra de la que descreen los analistas privados sólo poniendo el ojo en el rubro educación. Por efecto de los incrementos salariales docentes (cerrados en buena parte del país pero esencialmente en provincia de Buenos Aires), los colegios privados retocaron las cuotas que cobran a sus alumnos y sólo en Rosario, según las estimaciones de los comerciantes, el aumento de los útiles escolares trepó este año al 22%, mientras que a nivel nacional Adecua consideró que el incremento llegó al 29%.

A este paquete se le suma además la suba estacional en el rubro indumentaria no sólo por el inicio de clases sino además por el cambio de temporada.

Sin embargo, y como ocurrió en enero y febrero con turismo y medicina prepaga, es probable que el gobierno vuelva a echar mano de la metodología que utilizó con estos ítems y el Indec sólo tome en cuenta los precios acordados.

En ese sentido, el universo se acota. Sucede que a fines del año pasado la Secretaría de Comercio Interior firmó un acuerdo de precios con los principales proveedores de útiles escolares. Además, también rubricó convenios a través de los cuales autorizaba el cobro de cuotas extraordinarias en los colegios privados, montos que no son computados en el IPC, pero que sí salen del bolsillo de los consumidores.


La ponderación
Más allá de los números finales que arroje marzo, el debate sobre la inflación comienza a tomar una nueva dimensión, vinculada con la pretensión filosófica y política de qué se quiere medir y para qué.

En ese punto, muchas son las críticas sobre cómo se ponderan los distintos ítems que conforman el IPC y si realmente pueden expresar la realidad concreta de los consumidores de las distintas regiones de la Argentina, tan amplia como fragmentada.

"Hay que ver qué tipo de familia ponderamos, el actual índice mide los gastos de una familia de nivel medio de Capital Federal", apuntó Coniglio. Y más allá de las nuevas canastas regionales que a través de los organismos provinciales elabora el Indec, lo que no cambia es la incidencia de cada rubro en cada región, sino que se las sigue midiendo con los mismos parámetros que en el principal distrito del país.

"No significa que esté mal, sino que se está mostrando sólo una foto de la realidad", dijo el estadístico rosarino.

Para Arelovich, ese patrón "debe ser revisado" y "hay que abandonar la pretensión de homogeneidad porque la norma es la heterogeneidad, sea por ingresos, por realidades regionales o por hábitos de consumo", dijo.

En ese sentido, consideró que desde la responsabilidad que le cabe al gobierno en la producción de políticas públicas, hay que formularse dos tipos de preguntas: primero a qué se requiere que mida un índice de esta naturaleza y la segunda, vinculada a la disposición de intervenir para corregir desvíos entre ingresos personales y precios.

En este último punto planteó que "las intervenciones reducidas a mecanismos de control o acuerdos de precios son sólo parte del menú de opciones a utilizar".

El esquema de acuerdos fue una constante durante 2006.