Fiscalía de Colombia ordena arresto de padre de ex canciller

Bogotá- La Fiscalía de Colombia ordenó hoy capturar al padre de la ex canciller María Consuelo Araújo, en un proceso criminal por el secuestro de un familiar de un rival político de uno de sus hijos.

El secuestro habría buscado, aparentemente, facilitar la elección como senador del hermano de la ex canciller que actualmente está en prisión.

Alvaro Araújo, un septuagenario dirigente político del departamento del Cesar, en el norte de Colombia, es padre del senador del mismo nombre, encarcelado recientemente en medio de un proceso criminal por supuestos nexos de congresistas, alcaldes y gobernadores con paramilitares de ultraderecha.

El arresto del senador Araújo provocó la renuncia el 19 de febrero de la ministra de Relaciones Exteriores, presionada por el escándalo y la peor crisis política que sacude a Colombia en la historia reciente.

“La orden de captura es para que rinda declaración en relación con el secuestro de Víctor Ochoa Daza”, dijo a Reuters una fuente de la Fiscalía.

Pero horas después de la decisión de la Fiscalía, el paradero del padre de la ex canciller era un misterio y las autoridades no lo encontraron en su residencia de la ciudad de Valledupar, la capital del departamento del Cesar, 650 kilómetros al norte de Bogotá, para hacer efectiva la orden de captura.

El veterano líder político quien fue senador, Ministro de Agricultura y dirigente de los ganaderos, al parecer estuvo implicado en el secuestro de Ochoa Daza, hermano de un rival político de su familia, de acuerdo testigos y versiones de medios de prensa.

El secuestro al parecer fue cometido por paramilitares después de un acuerdo con la familia Araújo, con lo que buscaban fortalecer su poder político en la región y sacar de la escena a sus rivales, según las investigaciones preliminares.

Hasta el momento ocho congresistas aliados del presidente Alvaro Uribe y su antiguo jefe de la central de inteligencia, Jorge Noguera, permanecen encarcelados en medio de la investigación por los supuestos vínculos de parlamentarios con escuadrones de ultraderecha.

La investigación apunta a destapar los nexos que también tuvieron alcaldes, gobernadores, militares, empresarios e industriales con esos grupos armados que depusieron las armas en medio de una negociación de paz con el gobierno.

La negociación permitió que más de 31.000 paramilitares entregaran las armas, mientras que los antiguos comandantes de esos grupos permanecen encarcelados y deberán confesar sus delitos que incluyen asesinatos, masacres, secuestros y desapariciones para recibir una sentencia de máximo ocho años de cárcel. (Reuters)