"Criticamos la norma pero debe cumplirse"

Lucas Ameriso / La Capital

Los presidentes del Colegio de Arquitectos de Santa Fe y de Rosario, Aureliano Saruá y Edgardo Bagnasco, plantearon la postura de ambas entidades profesionales en torno de la clausura impuesta por el municipio a los constructores del edificio de propiedad horizontal ubicado en Wheelwright al 1400. Se le constataron 148 metros cuadrados de exceso en su volumetría y casi dos metros de altura antirreglamentarios. "Si hay una normativa, hay que cumplirla más allá de ser críticos", apuntaron a coro ambos arquitectos aunque sugirieron una "solución consensuada" ante el exceso de metraje en la torre cuestionada.

La Municipalidad había clausurado hacia fin de año la obra en cuestión ya que se había apartado del proyecto aprobado y construyó más de lo permitido. "El municipio está facultado para hacer demoler los sobrantes y efectuar las correcciones a cuenta del propietario; o bien fijar que la clausura perdure y la obra se inmovilice", había anticipado a La Capital el subsecretario de Gobierno, Fernando Asegurado. Los cañones apuntan contra Victoria Río, el edificio en construcción a cargo del estudio de arquitectura Caffaro Rossi.


Reforma
Desde el año pasado el cuerpo colegiado con la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación Empresaria de la Vivienda está trabajando en un nuevo código de reglamento de edificación acorde a las necesidades de los arquitectos

"Lo que se busca es sustentabilidad y seguridad en los proyectos", señaló Bagnasco en relación a tomar en cuenta o no las escaleras contra incendios dentro del metraje permitido.

"Si uno tiene un terreno chico con la excesiva cantidad de metros de las escaleras uno se queda sin terreno. Todo depende del proyecto", señaló Saruá. En relación a los pilotes de arriostramiento que se enterraron en Wheelwright al 1400, Bagnasco dijo que técnicamente se puede contemplar, pero aclaró que "no se debe invadir a los vecinos sin la autorización correspondiente".

"Es normal que cuando se comienza un edificio se haga una constatación notarial de la obra, y contar lo que se hace para que los vecinos tomen conocimiento. Las fotos son para volver al mismo estado anterior a la construcción. Sino hay un autorización, se invade la propiedad privada", amplió Saruá. Cabe aclarar que ambas entidades profesionales no tienen poder de policía sobre las construcciones.

Consultado sobre la clausura impuesta por el Ejecutivo al estudio Caffaro Rossi, Bagnasco apuntó a una "salida racional porque la obra está hecha". Una opción sería la aplicación de una multa económica sobre los metros cuadrados. Otra opción es demoler los entrepisos del nivel superior y mantener la infraestructura actual. "Es decir -agregó- una negociación entre los involucrados que conforme a todas las partes". Al mismo tiempo, el titular de los arquitectos a nivel provincial, indicó que "la solución debe ser equitativa para todos y no trabajar sobre la excepción".

Los arquitectos Saruá y Bagnasco sostienen que ante la obra hecha "hay que negociar con todos los involucrados".