EDITORIAL

Pésimo servicio del transporte

Cuando las empresas de servicios privilegian su rentabilidad por encima de la calidad de lo que ofrecen, y el Estado deja de lado su obligación de controlarlas, los usuarios quedan expuestos a situaciones denigrantes y a veces muy peligrosas. Como lo que sucede a bordo de los micros de media y larga distancia

Usuarios del servicio de trasporte de pasajeros de media e incluso de larga distancia han blanqueado públicamente a través de una nota publicada en su edición de ayer por La Capital las pésimas condiciones en las que se ven obligados a viajar, sin que las empresas atiendan a sus permanentes reclamos y que las autoridades con competencia en la materia acierten a intervenir para poner fin a una situación que roza el escándalo.

Una de las razones por las que más se quejan los usuarios es que las empresas no ponen refuerzos pese a la gran demanda de pasajes, lo cual obliga a muchos pasajeros a viajar parados si quieren llegar a destino. Aunque se trata de una situación que se repite a través del tiempo, esta gravísima irregularidad se multiplicó en las últimas semanas, cuando la movilidad social por la llegada de las fiestas aumentó la cantidad de pasajeros transportados y desbordó la capacidad de las empresas para cumplir acabadamente con el servicio.

Se trata por cierto de un hecho sumamente grave, que no deja más alternativa a la gente que viajar en pésimas condiciones y, lo que es peor, que pone seriamente en riesgo muchas vidas. De hecho, causa escozor imaginar qué ocurriría en caso de un accidente -algo tan común en las rutas santafesinas- que involucrara a micros desbordados de pasajeros, muchos de ellos de dudosa condición mecánica y, para colmo, conducidos por choferes con sobrecarga de trabajo y mal pagos.

Si ya resulta difícil entender la desaprensión e irresponsabilidad de los responsables de las empresas, tan evidente que llega a rozar la negligencia, más inaceptable resulta admitir que el Estado no intervenga para cumplir con su obligación de controlar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad, garantizar la calidad del servicio y velar por la seguridad de los ciudadanos que utilizan el servicio del transporte de pasajeros.

Las autoridades nacionales y provinciales tienen el deber de hacer cumplir las leyes en materia de transporte público, y los usuarios tienen el derecho de exigirlo. Caso contrario los funcionarios ineficaces se convierten en cómplices de empresarios inescrupulosos que privilegian su propia rentabilidad por encima de la calidad del servicio que prestan. Deberían tenerlo en cuenta y registrar las quejas de quienes viajan como ganado para poner fin a estas irregularidades e impedir que se prolonguen en el tiempo. Porque un Estado ausente ante la violación de una norma es un Estado que consiente, que permite y que alienta la desidia y la impunidad.