Beneficio laboral y reincidencia

No somos dueños de la vida y menos para privarla de su libertad si existen garantías para una reinserción social. Sabemos que el hombre es un misterio sobre cuya conducta no se puede pronosticar con certeza. El acontecimiento producido por un liberado que motivó la remoción de tres funcionarios provinciales nos lleva a las siguientes reflexiones: por un lado vemos la insistente demanda de seguridad desde todos los sectores sociales. Por otro lado, vemos el incremento de hechos delictivos que involucran cada vez más a niños y jóvenes. También es un hecho que quien delinque y cumple una pena no está preparado para reinsertarse socialmente. A lo que se agrega la estigmatización que sufre que no le permite ejercer plenamente sus derechos sociales. Queda apartado de su familia y comunidad. Para ser liberados se necesita la práctica gradual de la libertad, para ser sociales necesitamos vivir en sociedad. Es un aprendizaje. El Estado debe responder a toda esta problemática. No es una opción, lo debe hacer por ley y porque es históricamente responsable de la injusticia social que provoca estos desbordes. En el suceso que nos ocupa no podemos menos que alentar a los representantes que, tomando esa responsabilidad en sus manos, proponen acciones de cambio que ayuden a recuperar la trama social destruida. ¿Desde dónde? Desde lo más silenciado y abandonado que son los penalizados por el mismo sistema que creó las condiciones para su caída. Históricamente los penales funcionaron como verdaderos depósitos donde presos y personal penitenciario padecieron y padecen condiciones deshumanizantes de detención y trabajo. Muchas situaciones vividas los han llevado a enfrentamientos que pusieron en peligro su integridad física. La vida en los penales no prepara para una práctica responsable de la libertad y la sociedad no espera a los liberados con una oferta de vida digna. Este proceso debe ser construido progresivamente con oportunidades subsidiadas y controladas por el Estado. A pesar de los riesgos y el malogrado final de esta historia que nos ocupa, tenemos la certeza, de que con Coronel y con otros, estos funcionarios hicieron lo que debían según la ley arriesgando y apostando por su resocialización. Nunca sabremos qué mecanismos se activaron en la conducta del liberado para volver al delito. Sólo nos queda en positivo saber que existen funcionarios que apuestan por cambios profundos aunque la ceguera de muchos los condene por riesgosos.

Ana María Cazzoli (por el equipo interdisciplinario para la resocialización de detenidos de la comisaría 12ª de Rosario)

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N. de la R.: La lectora se refiere al caso de Carlos Ramón Antonio Coronel, un preso que cumplía salidas transitorias, y en esa condición prestó tareas laborales en la Subsecretaría de Asuntos Penales de la provincia de Santa Fe durante 2005. En uno de esos egresos Coronel no retornó y volvió a delinquir. Luego se supo que lo involucran, a lo largo de su trayectoria criminal, en la comisión de al menos 19 delitos. Pero el hecho se transformó en un escándalo cuando el delincuente terminó acusando al director de Seguridad Comunitaria, Fernando Rosúa, y a otros dos funcionarios de liderar una organización criminal. Finalmente, los tres funcionarios provinciales renunciaron.