Editorial

Fútbol: cuando la precaución ayuda

La decidida actitud de un juez local, que prohibió la asistencia a partidos de fútbol a tres jóvenes que fueron sorprendidos robando en la cancha de Central, merece ser elogiada. Es sólo a partir de intervenciones resueltas que podrá devolverse el deporte más popular del país a quienes son sus legítimos dueños, los hinchas.

Hace pocos días se supo que un juez de instrucción de los Tribunales locales decidió prohibirles la asistencia a los partidos de fútbol que se jueguen en Rosario a tres jóvenes que fueron sorprendidos mientras intentaban robarles a los espectadores durante el encuentro entre Central y Quilmes, disputado el viernes 24 de noviembre en el estadio del barrio de Arroyito. La medida adoptada por Jorge Eldo Juárez está contemplada en la denominada ley De la Rúa, que fue concebida hace años como un instrumento legal para combatir la violencia en los estadios y que sin embargo muy pocos magistrados aplican, no ya en la provincia de Santa Fe sino incluso en todo el país. En el caso que nos ocupa, la prohibición se planteó hasta que la Justicia penal resolviera el caso de los tres muchachos, que enfrentan una acusación por intento de robo y que -en el caso de ser condenados- pueden recibir penas de prisión de cumplimiento condicional o incluso efectivas, para el caso de que sean reincidentes. Sin embargo, un hecho posterior modificaría parcialmente las cosas.

Si bien la sanción aplicada por Juárez es de índole provisoria y no evitará por sí misma la repetición de los graves episodios que se vienen registrando en los estadios, al menos constituye un mensaje para los violentos y los delincuentes comunes que suelen camuflarse entre los hinchas, amparados por la falta de prevención y alentados por la impunidad que caracteriza a ese ámbito. Al mismo tiempo debería convertirse en un ayudamemoria para los propios magistrados, que tienen ante sí un instrumento concreto para aplicar en casos puntuales, como el que aquí se menciona, y contribuir así a poner en caja a quienes no aceptan convivir según las convenciones sociales y las normas legales.

Si se aplicara con más frecuencia, es probable que muchos de los intolerantes y delincuentes que pululan en los estadios asistan con menos frecuencia a los partidos, porque la ley faculta a los jueces a imponerles el deber de presentarse en una seccional policial el día del encuentro.

El único control que debería ser reforzado es el que tiene que ver, justamente, con el cumplimiento efectivo de dicha disposición. El viernes pasado, La Capital divulgó la noticia de que uno de los tres jóvenes que debían presentarse en una seccional por disposición del juez no sólo había transgredido tal orden sino que tres días después cometió un cruento robo a mano armada por el que resultó detenido.

Más allá de los particulares ribetes de la situación, la decisión adoptada por el magistrado sólo puede merecer elogios. Es únicamente a partir de actitudes decididas e intervenciones concretas como esta que se podrá rescatar al fútbol -el deporte popular argentino por excelencia- del marasmo de violencia que lo ahoga para devolverlo a quienes son sus legítimos dueños: los hinchas verdaderos.