En Foco. El paro agropecuario

En pocas horas más finalizará el paro agropecuario convocado por Federación Agraria, Confederaciones Rurales y la Sociedad Rural, cerrando una de las semanas más duras de enfrentamiento verbal entre el gobierno y las entidades agropecuarias desde el inicio de la gestión Kirchner.

Conflicto raro si los hubo, la falta de un punto de confrontación específico por parte de los actores (como suele suceder en una pulseada sindical, por ejemplo) impide decretar ganadores y perdedores.

Las entidades llegaron a la medida de fuerza con un pliego general de reivindicaciones que no presentaba una puerta de salida a partir del cual medir resultados.

De todos modos, la adhesión de los productores dio razones a los organizadores de la protesta para afinar su representatividad frente a sus bases. Descartadas las interpretaciones sobre la falta de adhesión porque las máquinas seguían trabajando en el campo (ninguna protesta del agro conspira contra los ciclos de la producción), las entidades revalidaron su representatividad en el sector.

A un costo no menor. La ofensiva del gobierno, dispuesto a aleccionar a cualquier sector que lo desafíe de cara a un año electoral, fue bastante eficaz en ubicar a los impulsores del lock out enfrentados a los intereses de una masa de población que tiene mayores problemas que no percibir el precio lleno que el mercado externo está dispuesto a ofrecer por sus productos.

No avanza, en cambio, sobre uno de los puntos que mayor motivo dio a la protesta: el de la transferencia de ingresos a sectores no ubicados por debajo de la línea pobreza (desde frigoríficos o grandes cerealeras hasta consumidores con alto poder adquisitivo) que significan las intervenciones sui generis que realiza el gobierno sobre los mercados.

Si el campo debe acostumbrarse a convivir con un modelo económico que requiere de su aporte, el gobierno enfrenta aún el desafío de transparentar su política de intervención. Las ventas directas de hacienda, festejadas esta semana, no son más transparentes que los precios de Liniers, y la fijación de precios de los granos a través de resoluciones o presiones sobre los operadores tampoco parecen ser más progresistas que la creación de un organismo oficial que regule el comercio exterior.