Las experiencias se habrían dado entre 2004 y 2005

Relevaron de su cargo al titular del Pami II

Es por una denuncia que consta en la Justicia federal de haber tratado pacientes con una droga no autorizada

El titular del Pami II de Rosario, Ricardo Oyola, y un médico de ese policlínico, Antonio Ludvik, fueron relevados de sus cargos por la autoridad nacional de ese instituto por la supuesta utilización de drogas no autorizadas en pacientes. La decisión fue tomada ayer por la interventora del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Graciela Ocaña.

Según consta en una denuncia realizada en la Justicia federal, durante casi dos años, entre fines de 2004 y buena parte de 2005, decenas de jubilados internados en el Pami II de Rosario fueron tratados -presuntamente sin su consentimiento- con una droga que no había sido aún autorizada en la Argentina y en Estados Unidos.

El procedimiento derivó en la denuncia mencionada y en sendos allanamientos tanto en el laboratorio productor del medicamento como en el Pami II de Olivé 1150, además de sumarios internos en el instituto.

Según fuentes del Pami, cuando sus autoridades nacionales conocieron la imputación ordenaron las investigaciones que terminaron en el alejamiento de Oyola y de Ludvik.

Los pesquisas ahora intentan probar que en Rosario hubo jubilados medicados vía intravenosa con el fármaco Tigeciclina sin que la obra social admitiera este tipo de prácticas.

La Tigeciclina es un antibiótico de amplio espectro para tratar infecciones severas como neumonías intrahospitalarias o infecciones intraabdominales, producido por el laboratorio Wyeth, y autorizado a la venta en farmacias recién a fines de 2005 en Estados Unidos y en 2006 en Argentina.

Hace aproximadamente un mes, el propio Oyola se refirió al tema y respondió sobre el eventual pago a los pacientes por disponerse a la práctica. "Yo creo que no", dijo por entonces.

En declaraciones radiales, Oyola reconoció haber cometido "un error". Este, según su explicación, consistió "en creer de palabra que la prueba estaba avalada por la institución" a nivel nacional y, por lo tanto, autorizar él mismo, por escrito, al médico Antonio Ludvik a desarrollarlas sobre los pacientes. "Alguien me dijo que no había problemas, que se trataba de un medicamento en fase tres, y di la autorización por escrito", dijo Oyola.

La cantidad de internados sometidos a las pruebas no pudo ser precisada. Los enfermeros encargados de administrar el fármaco habrían sido siempre los mismos y al parecer ello provocó el primer anónimo que a la postre hizo posible la denuncia. La nota acusaba que el grupo recibía entre 3.000 a 5.000 pesos por paciente sometido a la prueba.

Oyola admitió también que el ingreso del medicamento al Pami II no respetó, durante esos casi 20 meses, el circuito establecido por las normas y el uso; es decir, el ingreso a la farmacia del nosocomio. Señaló que la Tigeciclina siempre "llegaba a la oficina que tenía el doctor Ludvik" y desde allí se distribuía a las camas.

La denuncia la hizo Ocaña, quien aportó el e-mail anónimo en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Pami (UFI Pami) a cargo del fiscal Carlos Stornelli. Este radicó la denuncia en el juzgado de Norberto Oyarbide, juez que ordenó los allanamientos al laboratorio Wyeth (productor de la Tigeciclina) y al Pami II de Rosario. Un día después se declaró incompetente y la causa pasó al Juzgado Federal Nº3 de Rosario a cargo del doctor Roberto Félix Angelini.

La investigación administrativa interna del Pami tuvo aportes testimoniales de dirigentes sindicales. Entre ellos, a la secretaria gremial de la Nueva Organización de Trabajadores estatales (NOrTE), Claudia Indiviglia. En calidad de testigo, aportó grabaciones y otros elementos. Cuando le preguntaron si le constaba que había dinero de por medio, contestó que "no tenía pruebas ni le constaba".