En comisión. La idea es impulsada por los senadores Reutemann y Latorre, y actualmente está en la Legislatura nacional

Presentaron en San Lorenzo el proyecto legislativo para crear un juzgado federal

El cuerpo abarcaría una población de 350 mil personas. Descomprimiría la tarea de los Tribunales rosarinos

Marcelo Abram / La Capital

San Lorenzo. -En la Asociación de Abogados del departamento San Lorenzo Carlos Carranza, ex ministro de Gobierno y actual asesor del senador Carlos Reutemann, presentó el proyecto de ley ingresado en el Senado de la Nación que impulsa la creación de un juzgado federal en la ciudad de San Lorenzo. De concretarse la idea serviría para descomprimir la actividad actual en los estrados rosarinos.

El proyecto actualmente está para su tratamiento en la comisión correspondiente y según Carranza sus autores -los senadores Reutemann y Roxana Latorre- son optimistas en cuanto al resultado positivo de esta futura ley. Precisamente el juzgado sería de competencia en primera instancia en lo penal y civil dentro del territorio de los departamentos Belgrano, Caseros, Iriondo y San Lorenzo, abarcando una población de casi 350.000 habitantes, que dejarían de pertenecer al fuero federal con asiento en Rosario.

Hoy la Justicia federal de primera instancia de los Tribunales Federales de Rosario abarcan una competencia que comprende los departamentos Belgrano, Caseros, Iriondo, San Lorenzo, General López, Constitución y Rosario, llegando a una población de 1.713.765 habitantes.

La creación de los estrados federales sanlorencinos aliviaría mucho la tarea de los magistrados rosarinos, ya que el nuevo juzgado con cuatro departamentos a su cargo debería impartir justicia en Armstrong, Bouquet, Las Parejas, Las Rosas, Montes de Oca, Tortugas, Arequito, Arteaga, Berabevú, Bigand, Casilda, Chabás, Chañar Ladeado, Godeken, Los Molinos, Los Quirquinchos, San José de la Esquina, Sanford, Villada, Andino, Bustinza, Cañada de Gómez, Carrizales, Classon, Correa, Lucio V. López, Oliveros, Salto Grande, Serodino, Totoras, Villa Eloísa, Aldao, Bermúdez, Carcarañá, Coronel Arnold, Beltrán, Fuentes, Luis Palacios, Puerto General San Martín, Pujato, Ricardone, Roldán, San Jerónimo, San Lorenzo, Timbúes y Villa Mugueta, lo cual significaría un desplazamiento del 50 % del territorio justiciable y del casi 30 % de la población.


Menos causas civiles y penales
Además por la alta complejidad y nivel de conflictividad de la zona es previsible que el nuevo juzgado le reste el 25 % de las causas civiles y penales que hoy atiende Rosario. Otro de los puntos resaltados en los fundamentos del proyecto tiene que ver con los aspectos geográficos, poblacionales, económicos, productivos y estratégicos de la región, destacándose que San Lorenzo y su zona se convirtieron en el primer polo exportador del país y uno de los más importantes de Latinoamérica, conjugado con la reactivación industrial, el importante crecimiento demográfico y la suba del número de cuestiones justiciables.

Toda la actividad del tránsito fluvial y marítimo tan incidente en la zona debe tratarse en el fuero de Rosario. Y como ejemplos se cita a que el tráfico fluvial suele generar hechos donde se debe aplicar el derecho marítimo de competencia federal, la tributaria e impositiva, la normativa jurídica penal, nacional o la discusión con órganos estatales con presencia en la zona como Fabricaciones Militares, Prefectura Naval, Banco de la Nación, que también les corresponde el ámbito de la Justicia federal, razones que los autores consideran como sobradas justificaciones para impulsar el nuevo tribunal.

El proyecto consta de 10 artículos, entre ellos se destacan que dicho juzgado funcionará con dos secretarías, una de competencia en materia criminal correccional y la otra en lo civil, comercial, laboral, tributario, de la seguridad social y contencioso administrativo, respectivamente, además de la creación de la Fiscalía de Primera Instancia y la Defensoría Pública Oficial, que actuarán ante el Juzgado Federal de Primera Instancia creado por ley. Su funcionamiento implicaría una planta de personal de 33 personas, imputándose los gastos que éste demande a los presupuestos del Poder Judicial de la Nación, del ministerio público fiscal y del ministerio público de la defensa.

En el acto estuvieron presentes el titular de la Asociación de Abogados de San Lorenzo, Juan José Cairo, la intendenta municipal, Mónica de la Quintana, representantes de municipios y comunas de la región, miembros de las Unidades Regionales X y XVII de policía, autoridades del Colegio de Abogados de Rosario y de la Asociación de Abogados del Departamento San Lorenzo, profesionales del foro local, y las autoridades de la Cámara de Comercio de San Lorenzo.

Al referirse al proyecto Carranza sostuvo que "está en las comisiones respectivas para su tratamiento. Teniendo en cuenta que pronto hay receso, se trataría en el Senado en los primeros meses del año que viene para luego girarlo a Diputados".

En la Asociación de Abogados de San Lorenzo detallaron la idea ingresada en el Senado.