Denuncian a Uribe por posibles nexos con paramilitares

Bogotá- Dos denuncias penales fueron presentadas contra el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue sus presuntos nexos con los paramilitares de ultraderecha, informaron hoy fuentes legislativas.

Las denuncias, que comenzaron a ser tramitadas por la comisión legislativa, el juez en primera instancia del presidente, se producen en medio del escándalo político que sacude a Colombia por los supuestos vínculos de congresistas aliados de Uribe con los escuadrones de ultraderecha.

De prosperar alguno de los procesos, la comisión podría iniciar una investigación contra el mandatario colombiano e incluso llevarlo a un juicio ante el Senado, que tendría la opción de destituirlo o absolverlo.

El escándalo, que amenaza con retrasar la aprobación de decisivas reformas fiscales esperadas por Wall Street y claves para garantizar la viabilidad económica del país, comenzó hace tres semanas cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó capturar a tres congresistas.

La crisis se ahondó esta semana cuando el tribunal vinculó a otros seis congresistas, incluido el senador Alvaro Araujo, hermano de la canciller María Consuelo Araujo, y con la renuncia de un funcionario del gobierno que admitió que en el 2001 asistió a un encuentro con jefes paramilitares.

Una de las demandas contra Uribe, quien ha negado las acusaciones de tener nexos con los paramilitares y ha apoyado las investigaciones, fue presentada el 24 de noviembre por Jorge Antonio Pérez.

La otra fue un anónimo que llegó a la Procuraduría General de la Nación que, a su vez, lo remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

A fines de noviembre la comisión legislativa abrió una investigación contra Uribe por una presunta falta disciplinaria al nombrar como liquidador de una firma estatal a una persona inhabilitada para ejercer el cargo.

Las denuncias se encuentran actualmente en una etapa preliminar en la que el presidente de la Comisión de Acusaciones designará un representante investigador.

El representante investigador tiene seis meses de una etapa preliminar para la búsqueda de todos los elementos probatorios, según fuentes judiciales.

Después de que se agote ese tiempo, el investigador debe evaluar las pruebas y decidir si abre una investigación penal contra el presidente o si por el contrario la archiva.

Normalmente los presidentes en ejercicio son acusados por diferentes personas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que por mandato constitucional tiene la misión de investigarlos y, si es el caso, promover un juicio ante el Congreso.

Pero las investigaciones contra los mandatarios casi nunca prosperan.

En la década de 1990 el entonces presidente Ernesto Samper fue sometido a un juicio político y criminal ante el Congreso, aunque luego fue absuelto por su responsabilidad en la recepción de cinco millones de dólares del narcotráfico para la campaña que lo llevó al poder.

Uribe, un abogado de 54 años quien fue reelegido para un segundo mandato consecutivo, es apoyado por una coalición de varios partidos que es mayoritaria, aunque enfrenta la oposición del Partido Liberal y del izquierdista Polo Democrático Alternativo.

Los paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.

El mandatario inició a mediados del 2003 una negociación de paz con los escuadrones de ultraderecha que permitió que más de 31.000 combatientes depusieran las armas.

Aunque el escándalo sólo ha involucrado hasta el momento a políticos podría implicar a industriales, empresarios y efectivos de las fuerzas armadas que habrían apoyado a esos escuadrones. (Reuters)