Tormenta en Bolivia. La oposición denunció maniobras ilegales y pago de sobornos a legisladores

Morales impone su reforma agraria en medio de una agitada polémica

El gobierno se anotó una crucial victoria en el Senado, dando luz verde a uno de sus grandes proyectos

La Paz. _ En tiempo récord y en medio de acusaciones de compra de voluntades, el gobierno de Evo Morales se anotó una inesperada victoria política al haber logrado la aprobación parlamentaria para la reforma agraria, destinada a la redistribución de tierras improductivas, un viejo anhelo de los pueblos indígenas. El Senado boliviano —que se había negado a tratar este proyecto, junto con otras iniciativas a las que también consideraba polémicas—, logró a última hora del martes, y con la presencia de tres parlamentarios opositores, la aprobación de la ley, la cual fue enseguida promulgada por el presidente.

  Sin embargo, la rápida maniobra de Morales, no tardó en recibir el rechazo de la oposición. La principal fuerza opositora, Podemos, anunció ayer que recurrirá a la Justicia para denunciar que el oficialismo actuó ilegalmente, instalando una sesión del Senado donde, con la ayuda de suplentes opositores, aprobó proyectos polémicos, entre ellos la reforma a la ley de tierras, además de un convenio militar con Venezuela.

  El líder de Podemos, el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), dijo en rueda de prensa que el responsable directo es el gobierno. “Lo que se ha visto ayer (martes) en el Senado es deleznable y asqueroso, por el atropello de los grupos de choque que están buscando vulnerar los reglamentos y las leyes”, indicó.

  Quiroga se refirió a sospechas de que dos senadores de Podemos, uno titular y otro suplente, además de un tercero de la también opositora Unidad Nacional (UN), recibieron algún tipo de incentivo para presentarse al Congreso, pese a que los senadores de la oposición se retiraron de allí hace dos semanas, en protesta contra varias medidas del gobierno.

  Por su parte, Alex Contreras, el vocero de Morales, dijo a la prensa que los tres opositores se sumaron al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) “voluntariamente”, y que no hubo de por medio “maletines negros”, en alusión a posibles sobornos. En respuesta, el senador de Podemos, Roger Pinto, dijo que su suplente Abraham Cuéllar le confesó que el MAS le había ofrecido dinero y otras dádivas.



Problemas “medulares”



  El también senador de Podemos Oscar Ortiz dijo que esa fuerza acudirá “a todas las medidas legales para invalidar” la sesión, a partir de que el reglamento de debates del Congreso establece que los suplentes sólo pueden ser convocados por sus titulares, lo que no ocurrió.

  Ortiz insistió en que las reformas a la ley de tierras no son “el problema medular” con el gobierno, y que los opositores se replegaron del Senado exigiendo que el Ejecutivo instruya al oficialismo que deje sin efecto una disposición que le permite aprobar en la Asamblea Constituyente una nueva Carta Magna con su sola mayoría. La ley de convocatoria señala que el texto constitucional debe ser aprobado por “dos tercios” de los asambleístas. Ortiz denunció también que el convenio militar con Venezuela, ratificado por el Senado, permitiría a ese país enviar tropas a Bolivia para inmiscuirse en conflictos internos.

  En tanto, el Comité Cívico de Santa Cruz, el departamento agropecuario más próspero del país, anunció que tras la polémica aprobación de la ley de tierras se ratifica el paro anunciado para mañana. También ratificó la prolongación de una huelga de hambre, que a nivel nacional es cumplida por cientos de personas por los dos tercios en la Asamblea.



La esperanza de los pobres



  La nueva legislación modifica la Ley INRA, que estuvo vigente durante diez años, y permitía a los latifundistas del rico oriente boliviano tener tierras a pesar de que no las trabajaran. La ley promulgada ahora por el gobierno aceleraría la reversión al Estado de tierras improductivas o ilegales, para distribuirlas entre campesinos pobres y comunidades indígenas.

  Bolivia tiene una superficie de 110 millones de hectáreas, de las cuales alrededor de dos tercios son tierras con potencial agrícola o forestal. El gobierno calcula que menos de un millar de empresarios concentra más del 90 por ciento de las tierras útiles.

  El martes, miles de indígenas de todo el país se concentraron en La Paz, luego de varios días de marcha para apoyar a Morales en su intento de obtener la ley. Ante la multitud, el presidente había anunciado que si el Senado no la aprobaba, la iba a sacar por “decreto supremo”.

  Finalmente, tras la sanción parlamentaria, Morales afirmó ayer que “se terminó el latifundio en Bolivia. Ahora tenemos un instrumento legal para acabar con los terratenientes en el oriente boliviano”. Y agregó: “Es difícil defender a los pobres y a los pueblos indígenas, pero felizmente estamos unidos, organizados y movilizados”. El mandatario aclaró que la revolución agraria que está impulsando no sólo se traducirá en la distribución de la tierra, sino que irá acompañada de mecanización y mercados.

Evo muestra el texto de la ley que permitirá una redistribución de las tierras.