Estuvo detenido un año y medio y casi lo matan en prisión, pero era inocente

Lo acusaron de asesinato y pasó por varias comisarías, donde lo apuñalaron en dos ocasiones. Pero ahora un juez lo desincriminó porque los testimonios que lo inculparon eran contradictorios. Otras pruebas no había

Ariel Etcheverry / La Capital

Cristian Emanuel Zapata trabajaba como ayudante de veterinaria para el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa). Era personal contratado y le faltaban apenas dos semanas para ingresar a la planta permanente del organismo. El 5 de noviembre de 2004 parecía un día más en su vida. A la mañana temprano se presentó en su puesto de trabajo en un frigorífico de Puerto General San Martín. Poco después del mediodía llegaron unos policías de civil, exhibiendo armas de fuego y placas identificatorias, y le anunciaron que quedaba detenido por un homicidio ocurrido un mes antes en la zona sur de Rosario. Así comenzó la experiencia más traumatizante de su vida: un año y medio preso, acusado por un delito por el que al cabo de un largo proceso judicial terminó absuelto de culpa y cargo.

La resolución favorable de la justicia, que demostró que no había ninguna prueba de cargo que lo vinculara con el crimen y que los testimonios que lo señalaban eran, cuanto menos, contradictorios, no fue gratis para Zapata. El muchacho de 23 años salvó la vida de casualidad cuando en una reyerta en el interior de una de las comisarías donde vivió todo ese tiempo recibió dos puntazos en el pecho. La pelea desencadenó un motín y tras cartón, la violenta represión de la policía.

Actualmente, a unos meses de haber recuperado la libertad, Zapata suele despertarse sobresaltado a la madrugada. "Estar preso en las comisarías te cambia la cabeza, la forma en que percibís las cosas. Te acostumbrás a dormir de día o cuando hay lugar. Comés mal y con suerte una vez al día. La mugre, el olor nauseabundo, el calor insoportable en verano, la falta de aire fresco. Además siempre estás alerta porque esperás que alguien te ataque o te robe en cualquier momento".

Más allá de las condiciones infrahumanas en las que vivió, ahora Zapata enfrenta otro escollo difícil de superar: el de vivir bajo el mote de ser un ex convicto. "Perdí mi trabajo y la gente que me conoce y sabe que estuve preso me mira de otra forma. Nunca tuve problemas, no tengo antecedentes penales, pero... Desconfían de mí, por más que un juez me haya absuelto no me saco más el cartel de presidiario", dijo a La Capital junto a su abogado defensor, Cecilio Lescano.

El caso que terminó llevando a la cárcel a Zapata ocurrió el 7 de octubre de 2004, en el cruce del pasaje Escalante y Boquerón, en el extremo sur de la ciudad. En ese lugar, en horas de la madrugada, se produjo un fuerte tiroteo con más de diez disparos, según declararon testigos. Allí murió Pablo Vega, quien de acuerdo a los exámenes de dermotest (que detecta rastros de pólvora en la piel) había participado en la balacera. En su momento la policía informó que Vega también tenía una causa judicial abierta por robo calificado y lesiones. La investigación al principio entró en un cono de sombras.

Días después los pesquisas se hicieron eco de algunos testimonios, entre ellos la declaración de la madre de la víctima, que sindicaban a un tal Quito como autor del crimen. Quito era supuestamente Zapata. La hipótesis que siguió la policía era que Zapata sufrió el robo de una bicicleta a manos de Vega y un cómplice. Y que entonces decidió recuperar el rodado ante lo cual no dudó en hacer justicia por mano propia.

Lescano, por su parte, aseguró: "No hubo ninguna prueba objetiva, ninguna pericia, ningún testigo presencial, no se secuestró arma, ni el objeto que habría dado lugar al enfrentamiento armado y que era la recuperación de la bicicleta. Pero además Zapata no tenía antecedentes ni era una persona peligrosa. Siempre vivió con su familia, es decir nunca se fugó, y lo fueron a buscar de su trabajo. Es más, sus familiares le dijeron a la policía, cuando lo fueron a buscar, que el muchacho estaba trabajando en el frigorífico. No les resultó extraño a nuestros investigadores que un supuesto homicida esté trabajando y que sus allegados les informen donde se encuentra".

Tras el arresto en el frigorífico, Zapata tuvo un largo peregrinar por diferentes comisarías. Después los trámites de rigor en la jefatura de San Lorenzo, pasó a la 23ª de Funes. En ese lugar las condiciones no eran tan lamentables y el trato con la policía fue bueno. Pero a los dos meses, cuando fue procesado por homicidio, lo llevaron a la 24ª de Granadero Baigorria, donde convivió con 50 ó 60 presos. En ese lugar había un solo baño. En ese penal tuvo problemas con tres reclusos y fue apuñalado en dos oportunidades.

Después pasó períodos en la 2ª, la 15ª y la Sub 20ª. "En esta última por lo menos estaba cerca de mi familia, pero fue la peor. Dentro del penal estaba todo bien con la gente, dentro de todo era tranquilo. Pero la mugre, el olor a podrido, la falta de aire, la humedad eran espantosas. No había ventilación. Todo era muy precario. Calentábamos agua con un par de cables conectados a la luz. Nos podríamos haber muerto todos electrocutados", sostuvo Zapata. La última seccional fue la 5ª, de Italia al 2100. Mientras estaba en ese sitio recibió la noticia de que el juez de Sentencia Julio César García lo sobreseyó de culpa y cargo por "falta de pruebas". En el fallo se mencionaron las gruesas contradicciones de los testigos que mencionaron al joven como presunto autor del crimen. Y también la falta de pruebas concretas de su participación en el hecho.