La Defensoría intenta evitar abusos con el uso de plaguicidas

Solicitó información a funcionarios sobre sus actuaciones para preservar la salud de la población

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe remitió una serie de oficios a funcionarios provinciales para conocer el estado actual de delimitación de las plantas urbanas de las localidades de la provincia en relación con la fumigación de cultivos y la metodología que se utiliza para controlar esa actividad, según lo dispone la normativa vigente.

La intervención de la Defensoría fue solicitada por el Centro de Protección a la Naturaleza al titular del organismo, Carlos Bermúdez, para que ponga en marcha los mecanismos pertinentes con el objetivo de que se alcance el estricto cumplimiento de la ley provincial 11.273 y sus artículos reglamentarios que imponen la obligación de determinar los límites de la planta urbana de municipios y comunas en los que se prohíbe fumigar.

La presentación de la entidad ambientalista, que impulsa en la provincia una campaña denominada "Paren de fumigar", incluye situaciones concretas en las que se denunciaron casos de fumigación con productos biocidas, cuyo empleo está vedado en áreas urbanas. Analizada la situación en función de la normativa existente en el ámbito de la provincia, la Defensoría del Pueblo además de asesorar a representantes del Centro de Protección a la Naturaleza, remitió oficios al secretario y al subsecretario de Municipios y Comunas, Roberto Meli y Gabriel Gasparutti, para solicitar que informen sobre el estado actual en las poblaciones. Se exige saber sobre el establecimiento de límites precisos en los que debe regir la prohibición absoluta de fumigar, por el perjuicio que la actividad puede tener sobre la población y el ecosistema.

Un tercer requerimiento fue dirigido al director de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción, Carlos Debona, con el fin de conocer la forma y la metodología de control de fumigaciones tanto aérea como terrestre, en un radio no inferior a los 3.000 metros de las plantas urbanas, que por circunstancias de excepción podrían reducirse a 500 metros. También se solicita saber el número de inspectores de la repartición que efectúan el control, el detalle de la cantidad de procedimientos realizados desde comienzos de 2005 a la fecha y los resultados que arrojaron, así como los lugares en los cuáles los ciudadanos pueden concurrir para denunciar transgresiones.