Polémica. El albacea quiere echar a los arrendatarios mientras que la esencia del testamento los beneficia

Piden evitar el desalojo en tierras del fundador de Bigand

Los productores solicitaron a la Justicia que convoque a una audiencia de partes para hacer oír sus reclamos

Gustavo Orellano / La Capital

Casilda.- Un grupo de productores agropecuarios que trabaja las tierras que pertenecieron al fundador de Bigand presentó ayer un escrito en el Juzgado Civil y Comercial de Circuito Nº 7 de Casilda para frenar sendos pedidos de desalojo contra campesinos. Los chacareros cuentan con el apoyo de la comunidad bigandense y entregaron el petitorio junto al jefe comunal Patricio Erceg y representantes de Federación Agraria Argentina (FAA) y Mujeres en Lucha. Si bien fueron recibidos por el secretario del Juzgado, Aníbal Vescovo, solicitaron que la jueza Laura Babaya, quien entiende en el caso, convoque en los próximos días a una audiencia de partes para hacer oír su reclamo. Los pedidos de desalojo afectan a dos familias arrendatarias y fueron interpuestos por Luis María Nicolás Alaimo, quien es el albacea -encargado de ejecutar el testamento- que dejó la última heredera de Víctor Bigand, el fundador del pueblo.

La situación reaviva la polémica que se generó en julio del último año cuando la sociedad bigandense se movilizó para poder conocer cuál fue la voluntad de María Mercedes Octavia Bigand, quien falleció en Buenos Aires a los 93 años en abril de 2004. Al acceder al testamento los vecinos se enteraron de que la mujer había dispuesto que parte del producto de sus tierras -más de 3.500 hectáreas- sea destinado a la creación de una fundación para ayudar a instituciones locales y atender necesidades sociales de distinta índole a nivel nacional, entre otras funciones. La entidad ya está en funcionamiento y tiene sede en Buenos Aires pero hasta el momento sólo giró 2.500 pesos para repartir entre cuatro entidades, lo cual resulta "una burla" tanto para las autoridades comunales como para los vecinos, quienes esperaban una actitud más generosa.

No obstante y a pesar de la preocupación que genera el tema, en lo inmediato el objetivo central es impedir que prosperen los desalojos. "Las medidas interpuestas tienen por objeto iniciar el camino de expulsar a familias que vienen trabajado las tierras desde hace casi un siglo, desarraigándolas y arrojándolas a la indigencia. Todo lo contrario a la voluntad de la señorita Bigand y su familia, ya que nuestra historia y tradición da clara cuenta de ello", explican en la nota presentada en el juzgado casildense.

Los colonos tienen el mismo temor que sintieron a fines de 2005 cuando Alaimo cambió las cláusulas de los contratos de arrendamiento y surgió la posibilidad de desalojos masivos. Sin embargo y ante la presión de la comunidad reconsideró su postura y se tranquilizaron los ánimos de las 28 familias arrendatarias. El acuerdo surgió en una audiencia conciliatoria que se había desarrollado en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 33 de la Capital Federal, a cargo de Horacio Liberti, quien interviene en la causa por la sucesión de los bienes de María Mercedes Octavia Bigand. Ello permitió que los contratos sigan teniendo diez años de duración y no tres como se pretendía inicialmente.

Además se estableció que los aparceros tengan prioridad de compra cuando se vendan los campos que trabajan, entre otros beneficios que habían perdido y terminaron recuperando. Sin embargo en la negociación quedó sin discutir un punto que imposibilita renovar los contratos a los familiares de titulares fallecidos. Si bien se creyó que las dos familias que se encontraban en esa situación podrían llegar a un acuerdo para no ser desalojadas, la realidad fue otra. Alaimo recurrió a la Justicia y una vez más la comunidad bigandense está movilizada para evitar que los aparceros afectados queden en la calle.

"Tengo un contrato a nombre de mi abuela y como falleció me llegó el telegrama de desalojo. Además embargaron los granos que cosechamos", explicó uno de los chacareros damnificados, Danilo Tosto. "Sólo queremos trabajar -añadió- como lo vino haciendo nuestra familia desde hace más de 80 años y si el desalojo prospera nos espera un futuro lamentable porque lo único que sabemos hacer son tareas de campo. Indudablemente detrás de esta historia hay un gran negocio para que las tierras queden en manos de pocas personas que se llevarán los recursos a otras lugares y terminará generando un serio problema para todo el pueblo".

Por su parte uno de los abogados de FAA, Pablo Pailole, valoró que la Justicia escuche el reclamo de los damnificados y aclaró que "lo que se pretende es que se interprete en forma amplia el testamento de la señorita Bigand puesto que nosotros entendemos que quienes administran su herencia no respetan la voluntad, porque tanto ella como su padre mantuvieron los contratos de los arrendatarios y ahora se quiere hacer lo contrario".

Similar opinión tuvo el jefe comunal Patricio Erceg, quien además recordó que "nunca hubo un desalojo ni un problema con los productores, pero tras la muerte de la última heredera del fundador del pueblo empezaron a surgir todos los problemas. En el testamento se manifiesta que los arrendatarios tienen prioridad de compra, razón por la cual para ejercer esa posibilidad tendrían que seguir trabajando las tierras y no ser desalojados".

Asimismo consideró que "si la jueza resuelve a favor del desalojo se sentará un precedente para que otras familias que tampoco tengan la titularidad del contrato sean expulsados de las tierras, lo que impactará gravemente en la población".

Las fuerzas vivas apoyaron a los chacareros.