Un diputado impulsaba desalojos

Denuncian que el legislador santiagueño Pedro Simón representa a firmas que atacaron a campesinos

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Santiago del Estero comenzó ayer a analizar la conducta del diputado Pedro Simón (PJ), quien en su condición de abogado participó en un procedimiento de desalojo de campesinos en el interior provincial. La comisión tiene un plazo de 15 días para expedirse sobre una denuncia de "incompatibilidad" contra el actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien a través de un programa televisivo nacional aparece asesorando a una empresa que procede al desalojo de campesinos.

Se trata de uno de los múltiples planteos que viene realizando el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), relacionado con irregularidades en procedimientos judiciales para el desalojo de campesinos, muchos de los cuales derivan en enfrentamientos armados.


Insólita resolución
Los asesores letrados del Mocase calificaron de "insólita" una resolución del ex juez Oscar Juárez, quien supo autorizar la utilización de topadoras y las fuerzas de seguridad para desalojar un campo del departamento Copo.

El procedimiento derivó en un enfrentamiento armado entre efectivos de la Guardia de Infantería de la policía provincial y varias familias de campesinos, que se negaron a cumplir la orden judicial, que arrojó el saldo de cinco agricultores heridos y dos detenidos.

El incidente ocurrió a 250 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña, cuando los efectivos policiales autorizados por el cuestionado magistrado llegaron a lugar con la orden de desalojar a ocho familias de campesinos.

En los últimos tiempos, el Mocase realizó distintas movilizaciones a los Tribunales de Santiago del Estero, en reclamo de la tenencia de tierras y la derogación de una ley que "habilita el desalojo" de pequeños agricultores.

Los campesinos insisten en la normalización de los títulos de tenencia de la tierra de las familias campesinas, reconociendo el derecho a poseerlas en propiedad "por trabajarla durante decenas de años".

La organizaciones campesinos piden la derogación del artículo 182 bis del Código de Procedimiento Criminal y Correccional, que habilita a desalojar a familias acusadas de intrusas ante el solo pedido del supuesto daño y con el único requisito de que el derecho invocado sea verosímil.

Los campesinos denunciaron que el trámite se logra con "la simple presentación de una escritura pública, demostrando su carácter registral de dueño y permite negociados entre inmobiliarias y políticos, que adquieren campos por miserables pesos y luego los venden por millones".

La situación se suma a la polémica por la irrupción del secretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D'Elía, en un campo correntino del norteamericano Douglas Tompkins. (Télam)

El movimiento Mocase lleva adelante una larga lucha.