Editorial

Alimentos contaminados

Cuarenta personas se intoxicaron por ingerir facturas elaboradas con bromato de potasio, una sustancia prohibida desde hace nueve años. La persistencia en la transgresión y el peligro que ello acarrea obliga al municipio y a la cámara que nuclea a los panaderos a trabajar sobre el tema con mayor rigor, para llevar tranquilidad a los consumidores.

Según el anuncio del Instituto del Alimento, durante los últimos 10 meses se clausuraron en Rosario 18 panaderías por el uso de bromato de potasio. Un verdadero revés para la imagen del gremio, nada menos que en la semana del Día de la Industria, y una señal de alarma para el conjunto de la ciudadanía. Aunque lo paradójico es que, comparativamente, se trata de una cifra positiva, ya que revela una tendencia descendiente: en el 2000 el bromato de potasio era utilizado por cuatro de cada diez productores rosarinos.

   Precisamente, 40 personas se intoxicaron durante el anterior fin de semana ingiriendo facturas mejoradas con este componente, prohibido desde hace unos nueve años por sus efectos nefrotóxicos y cancerígenos. Buscando atenuar, el director del Instituto explicó que se trata de un problema cultural, de prácticas tradicionales que se mantienen y sobre las que se viene trabajando para tratar de modificar. En tanto, desde la Cámara de Industriales Panaderos aclararon que ninguno de sus asociados usa el bromato de potasio.

   Pero tanto unos como otros no logran llevar tranquilidad al conjunto de la sociedad con sus declaraciones. El criterio con que se interpreta la prohibición posee una flexibilidad que es materia de debate. Dice el director: “Al primer hallazgo positivo de trazas de bromato se notifica al comercio, que entra en un programa de seguimiento intensivo. Si por segunda vez da positivo se le dicta la suspensión de actividades y de persistir se termina en una clausura”. La secuencia parece sensata; sin embargo esa tolerancia —fundada quizás en la necesidad de sostener las fuentes de trabajo y dar otra posibilidad al productor— puede deparar consecuencias irreversibles para la salud de los consumidores. Y no se condice, a nueve años de decretada la prohibición, con la rigurosidad aplicada para otros hábitos insalubres, tal como el de fumar en lugares públicos cerrados.

   En este sentido, resulta razonable el planteo de algunos toxicólogos de prohibir la importación del bromato, para terminar de raíz con el problema; una tarea que los legisladores tendrían que estar incorporando en sus agendas. Por su parte, la Cámara de Industriales Panaderos debería darse como desafío nuclear a todos los productores, ofreciendo su infraestructura para informar, actualizar y facilitar los imperiosos cambios.

   El país se halla en una etapa de crecimiento y los márgenes de rentabilidad han mejorado ostensiblemente a partir del consumo. La industria debe elevar la calidad de sus productos y ofrecer las mayores garantías. Mucho tendrá que ver los valores éticos que se bajen desde sus instituciones y el riguroso control que el Estado ejerza sobre ella.