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 sábado, 09 de septiembre de 2006  
Incidentes durante la huelga contra Evo Morales en Bolivia

La Paz. - Partidarios y opositores al gobierno de Evo Morales chocaron ayer en tres ciudades de Bolivia, con saldo de una decena de heridos, durante una huelga contra un supuesto "afán totalitario" del oficialismo en la asamblea constituyente del país. Pero mientras los dirigentes del paro en cuatro de los nueve departamentos bolivianos proclamaban el éxito de su protesta, el gobierno la calificaba de un "rotundo fracaso político de la oposición".

Según cadenas de radio y televisión, los choques ocurrieron en las ciudades de Santa Cruz, Tarija y Cobija, donde el cumplimiento a la huelga era mayoritario, aunque era evidente el desacato de sectores como comerciantes minoristas, sindicatos campesinos y maestros rurales afines al gobierno.

La protesta, convocada por los comités cívicos y los gobernadores opositores de los ricos departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando -donde vive casi un tercio de los 9,5 millones de bolivianos-, es el mayor desafío enfrentado por el indígena izquierdista Morales, en el poder desde enero.

Además de los choques callejeros, ante una policía generalmente pasiva, los medios dijeron que dos bombas caseras explotaron en la madrugada en la sede regional de la cadena estatal de televisión en Santa Cruz, causando daños menores, en un suceso atribuido por el gobierno a grupos de choque del comité cívico de ese distrito.

En el resto del país, incluidas las dos principales provincias petroleras de los departamentos de Santa Cruz y Tarija, había normalidad y se desarrollaban sin alteraciones actividades económicas vitales como las exportaciones de gas a Argentina y Brasil, coincidieron los informes.

La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, dijo que el paro era efectivo "sólo en los lugares donde los grupos de choque de la oposición lograron cumplir su plan de amedrentamiento" y confirmó la detención de un miembro de un grupo de choque llamado "unión juvenil cruceñista".

La disputa política se centra en cuánto poder debe tener la asamblea constituyente, que se declaró "originaria y plenipotenciaria" por iniciativa de la mayoría oficialista, algo rechazado por opositores que optaron por presionar desde algunas regiones.
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