Reclamo. Presentaron un recurso en Defensa del Impacto Ambiental que traería aparejada la milloonaria construcción

La Justicia ordena que una empresa del Cordón pare la obra de un muelle

Se trata de un amparo de vecinos de San Lorenzo contra la ampliación de la zona de amarre de la ACA

Marcelo Abram - Claudio González / La Capital

San Lorenzo.- El Juzgado de Primera Instancia de la 10ª Nominación de Rosario, a cargo de Eduardo Oroño, ordenó a la provincia que disponga el cese de las obras de ampliación del muelle que una empresa de esta ciudad está realizando.

El fallo hace lugar a un amparo basado en la ley 10.000 (de intereses difusos) que un grupo de vecinos presentó argumentando, además del impacto negativo, que una parte de la mencionada estructura estaría ubicada en una zona residencial, en la cual no se permiten emprendimientos industriales.

La polémica así instalada tiene que ver, por una parte, con unos terrenos ubicados al sur de la calle Falucho, y por otro lado con el impacto negativo que se supone podría traer aparejada la actividad de carga y descarga de gran cantidad de cereales.

Con referencia al caso de los predios que se encuentran al sur de esa arteria, si bien está claro que pertenecen a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), las ordenanzas vigentes impiden radicaciones industriales, cuestión por la que este año ingresaron en ambas cámaras legislativas de la provincia sendos proyectos para su expropiación con el fin de que se pueda continuar con las tareas de ampliación de la costanera sanlorencina.

Acerca del problema del impacto ambiental, un estudio realizado por la Secretaría de Medio Ambiente santafesina sobre los trabajos programados en la costa fue cuestionado por la Municipalidad local, la cual afirmó que en el informe se sostiene de parte de los profesionales que intervinieron que "la actividad en el nuevo muelle podría generar un impacto negativo, debido a la presencia de un particulado superior al permitido, tanto en la etapa de construcción como durante las operaciones" de carga y descarga.

En cuanto a la empresa involucrada, que según se pudo saber a través de fuentes responsables hasta ayer no había sido notificada de la medida judicial dictada por el juez Oroño, siempre se argumentó que el muelle para operaciones con barcazas estaría instalado en la zona interior de la planta; es decir, de la calle Falucho hacia el norte.

Asimismo, se indicó que las nuevas instalaciones estarían destinadas para la recepción de cereales por la vía fluvial provenientes desde la provincia de Chaco, un sistema de fletes que permitirá disminuir el número de camiones que ingresan por la conflictiva calle Mosconi de esta ciudad en épocas de cosecha.

Mientras tanto, la ACA gestionó y obtuvo a principios de 2006 ante la Dirección Nacional de Vías Navegables la autorización oficial para licitar las obras de un nuevo muelle emplazado a la altura del kilómetro 456 del río Paraná, para la descarga de granos de bapcazas y buques de más de 200 metros de eslora, que demandaría una inversión de dos millones de dólares.

La cooperativa agraria comercializa el 12 por ciento de la producción de granos del país, y sus operaciones abarcan otras actividades como la exportación de carnes y miel, producción de cerdos y comercialización de fertilizantes.


Medida cautelar
Ante este proyecto, unos 380 vecinos del barrio Combate de San Lorenzo presentaron un recurso en la Justicia, la cual hizo lugar y dispuso una medida cautelar ante el gobierno provincial ordenando "la inmediata suspensión de la autorización administrativa a favor de la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), que construye un puerto de barcazas en San Lorenzo".

La resolución que ordena paralizar los trabajos tiene fecha 30 de agosto fue dirigida al gobernador Jorge Obeid, aunque la medida apunta a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que para la Justicia es la encargada de otorgar la habilitación que ahora suspende el juez Oroño.

El escrito judicial enviado a la provincia fundamenta su determinación en la urgencia invocada en el artículo 8 de la ley 10.000, la cual señala que "cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad, y violando el orden administrativo local, lesionaran intereses de los ciudadanos en la tutela de la salud pública, en la conservación de la fauna, la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente".

El magistrado explica que en consecuencia "deberá suspenderse la autorización administrativa otorgada por Medio Ambiente a la ACA de la ciudad de San Lorenzo para la construcción de un muelle, o puerto de embarque de barcazas o de barcos de hasta 200 metros de eslora".

Según los vecinos, "la falta de respuestas de parte de los gobernantes nos obligó a seguir el camino hacia la Justicia".

Al respecto, el abogado López Mirosevich amplió a LaCapital el tenor de la denuncia que interpusieron sus representados. "Hicimos la presentación en julio pasado para que se deje sin efecto la autorización que se le otorgó a la ACA y se proceda a la suspensión de las obras. Esto se da en el marco de la preocupación de los vecinos porque la megaobra trae aparejados innumerables problemas ambientales y de polución", afirmó.

Agregó que lo que se plantea es que "sean respetadas las normas y resoluciones ambientales vigentes. Una de ellas hace referencia a que se debe llamar a una audiencia pública, con la participación democrática de todos los sectores, antes de encarar este tipo de emprendimientos".


Cuestión ambiental
"La provincia no lo hizo, a pesar del pedido de los vecinos. Por consiguiente no se cumplió con la ley", sostuvo para aclarar de inmediato que la presentación judicial a la que apelaron los vecinos no está orientada "en contra del desarrollo económico que generan las obras de estas características, pero no queremos que eso sea a instancias de degradar el medio ambiente. Se debe incluir la cuestión ambiental en las políticas de desarrollo de la región como polo agroexportador".

Si bien la provincia contestó la requisitoria de la Justicia para que informe sobre los trámites administrativos que cumplimentó la ACA, se agotó esta instancia y los demandantes pidieron que la medida cautelar que había quedado en suspenso fuera despachada de manera urgente. Así llegó la resolución judicial que suspende la autorización que faculta a la ACA seguir levantando uno de los emprendimientos portuarios más importantes del cordón industrial.

El uso de barcazas permitirá reducir la cantidad de camiones en las terminales portuarias.