En Foco. Lifschitz versus Agosto

La pelea por la distribución de recursos públicos entre la provincia y los municipios y comunas es un clásico. Pero en los últimos días la guerra de la coparticipación estalló con mayor virulencia, a partir de la advertencia del gobierno de Rosario sobre un nuevo recorte de fondos, producto de la necesidad de cumplir con la ley de financiamiento educativo.

Lo que empezó como una discusión sobre los criterios de distribución de fondos coparticipables se convirtió rápidamente en una batahola de millones de pesos, donde los contrincantes se tiran con deudas, boletas, reclamos, leyes y decretos de los más variados ítems.

Con mayor o menor apasionamiento, el debate sobre cómo generan y se gastan los recursos en una provincia atravesada por importantes tensiones regionales es más que saludable. Y, en ese sentido, es destacable el trabajo que desde la década del 90 viene realizando la Fundación Apertura para indagar sobre los mecanismos que rigen ese intrincado sistema de distribución.

Su último informe sobre la coparticipación provincial, actualización de uno similar realizado en 2003, fue recogido por el intendente Lifschitz para apoyar sus argumentos sobre la continua detracción de fondos que sufre el municipio más importante de la provincia respecto del gobierno santafesino, y fue denostado por el ministro de Hacienda, Walter Agosto, durante la dura respuesta que le propinó al gobierno municipal.

Lo cierto es que sin las investigaciones de la fundación, probablemente estos temas no hubieran sido expuestos al debate. En ese sentido, la invitación formulada desde la entidad para realizar una discusión pública sobre estos números es saludable.

No es menos cierto que durante esta gestión el gobierno provincial se avanzó más que en administraciones anteriores en el desmonte de los pisos y techos que, a partir de los pactos federales de los 90, fueron limitando la distribución de recursos a municipios y comunas. Otra cuestión es si esa tarea fue suficiente, cuando persisten topes poco justificables a ese reparto y cuando se trata de revertir una situación histórica desfavorable a los municipios.

En todo caso, si hoy se pelea por captar recursos en crecimiento, la ley de financiamiento educativo anticipa el nuevo signo de esta discusión. En los tres niveles de administración, nacional, provincial y municipal, los ingresos tenderán a converger a valores "normales", mientras crecerán las exigencias en materia fiscal. Como un dominó, el superávit que hoy obsesiona a Kirchner ya no será un juego de suma cero y de algún nivel de la administración pública tendrá que salir sangre.