Distintos factores atentan contra la reserva ictícola

Lizi Domínguez / La Capital

Más allá de cualquier análisis que amerite la explotación pesquera hay un hecho concreto: la fauna ictícola está sobreexplotada. Los expertos entrerrianos en la cuestión dicen que eso ocurre en un 200 por ciento de lo que admite el recurso natural para autosustentarse, y que la especie más afectada es el sábalo. Además señalan que la situación más grave se presenta en la zona de los puertos de Victoria y Diamante, donde se encuentra la mayor cantidad de grandes frigoríficos exportadores de la provincia.

Los factores que inciden en la depredación radican en varios puntos, entre ellos que los pescadores venden su trabajo al mejor postor: generalmente los frigoríficos, los cuales admiten piezas hasta con medidas inferiores a las legisladas. En consecuencia, cada vez hay menos peces y cada vez más pequeños.

Si bien a partir de las protestas de los hombres del río y los frigoríficos de Victoria rige una resolución que fija un tamaño de 40 centímetros -con una tolerancia de hasta dos o tres centímetros- y la utilización de mallas de 13,5 centímetros, la ley de pesca de Entre Ríos establece que las redes deben tener una trama de 14 centímetros y las piezas 42, en coincidencia con la mayoría de los estudios que desde distintos ámbitos se realizaron sobre la sustentabilidad del recurso pesquero en esta parte del río Paraná.


Sanciones leves
Otro punto que debe tenerse en cuenta en esta problemática son los montos de las sanciones que se aplican a las empresas que infringen la normativa -ya sea por irregularidades en la documentación o por comercializar piezas muy pequeñas, entre otras faltas-, porque resultan irrisorios y no afectan significativamente los intereses económicos de los establecimientos, a los que definitiva se les hace más fácil pagar las multas antes que trabajar en regla.

En este sentido también debe analizarse la severidad de las medidas, ya que sólo en casos excepcionales -y bastante aislados- se ha procedido a la clausura temporaria de algún frigorífico y jamás se penalizó con el cierre definitivo, al menos en Entre Ríos.

En caso de que el Estado dispusiera una veda para recuperar el recurso, los pescadores aún no cuentan con garantías concretas para el sustento de sus familias mientras dure la medida. Incluso en la actualidad están desprovistos de todo tipo de cobertura social porque no tienen mutual ni aportes jubilatorios y no perciben ningún tipo de beneficio laboral.

En la Legislatura entrerriana se está analizando desde hace varios meses un proyecto sobre una nueva ley de pesca que el año pasado obtuvo la media sanción de la Cámara baja. La norma propone medidas de redes que protegen el recurso, a la vez que exige una mayor presencia estatal estableciendo cupos.

Sin embargo, un sector de los pescadores victorienses insiste en que, más allá de fijar medidas y sancionar infracciones, es necesario que el gobierno se encargue de realizar obras hidráulicas que permitan un mejor escurrimiento del río. En rigor, es necesario canalizar algunos brazos y riachos de manera tal que no se cierren las bocas de confluencia para facilitar la migración y la reproducción de las especies.

También se debe considerar que la construcción del enlace vial Rosario-Victoria impactó de alguna manera en la libre circulación de las aguas, lo que causó que algunas lagunas quedaran estancadas y se perdieran como reservorios aptos para la reproducción y crianza de los alevinos. Por esa razón resulta imperioso que se realicen la apertura o canalización de algunos cursos para revertir una situación que se agrava en estas épocas de bajante.