Bonfatti pide cambios al fondo del conurbano

Denunció que esos recursos, creados por la emergencia social en Santa Fe y Rosario, se usan para otros fines

El diputado provincial socialista Antonio Bonfatti amplió ayer sus críticas a la utilización del fondo de emergencia social para los conurbanos de Rosario y Santa Fe, y precisó los alcances del proyecto de ley presentado el jueves pasado en la Legislatura para ajustar los parámetros de distribución de esos recursos.

En el marco de la pelea entre la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial por la distribución de recursos públicos, el legislador abrió un nuevo frente de confrontación al cuestionar el uso que da el Estado santafesino al dinero de ese fondo creado en 1994, como una "extensión" del famoso fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense.

Ese programa se creó por la afectación de hasta 30 millones de pesos de los recursos que se giraban a la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de paliar la emergencia social y mitigar el efecto de las migraciones internas. Fue prorrogado en los años 96, 98, 99 y 2006. Con la prórroga del 96 se precisó que esos fondos debían ser destinados exclusivamente a la concreción de proyectos sociales en la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), priorizando proyectos de alimentación, construcción de viviendas, erradicación de ranchos, instalación de agua potable y construcción de redes cloacales.

Pero Bonfatti recopiló de las actas de la unidad ejecutora de estos fondos, firmadas en mayo de 2006 y diciembre de 2005, la autorización para financiar una serie de obras que no están relacionadas en ese fin.


Piletas, playa y boxeo
Entre los proyectos financiados figuran la ampliación y refacción del edificio del juzgado de paz de Recreo, por 34.292 pesos; la refacción del edificio comunal de Villa Gobernador Gálvez, por 300 mil pesos; la implementación del sistema integral contra incendio del aeropuerto de Sauce Viejo, por 122.550 pesos, la reparación del domo del liceo militar General Belgrano en Recreo, por 251.594 pesos; la refacción integral del edificio histórico de la CGT Santa Fe, por 100 mil pesos; la compra de equipamiento informático para la escuela Gurruchaga de Rosario, por 20 mil pesos; la puesta en funcionamiento de dos gimnasios de boxeo en la ciudad de Santa Fe, por 362.500 pesos; el refulado de arena de la zona de playa en Coronda, por 198 mil pesos; la construcción de la terminal de ómnibus de Alcorta, por 50 mil pesos, y la construcción de la pileta de natación en la comuna de Alvear, por 30 mil pesos.

El legislador admitió que otros proyectos que la unidad ejecutora aprobó para su financiamiento incluyen obras de infraestructura en comunas y municipios, gran parte destinados a pavimentación y construcción de cordón cuneta, que "pueden ser muy necesarias pero que en todo caso no deberían salir de un fondo que fue creado explícitamente con otros fines".

Bonfatti explicó que el gobierno provincial fue ampliando las facultades de la unidad ejecutora y extendiendo los alcances del programa "más allá de los límites" de los conurbanos de Santa Fe y Rosario, a través de sucesivos decretos. Por estos mismos instrumentos se amplió el espectro de beneficiarios de esos fonos a "proyectos que no abarcan a personas en situación de NBI".

El decreto 330 del año 95 delimitó los municipios comprendidos en el Fondo de Emergencia Social: Villa Constitución, Arroyo Seco, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Funes, Carcarañá, Roldán, Santo Tomé y Santa Fe.

El decreto 674 del año 97 extendió su alcance a todos los municipios y comunas pertenecientes a los departamentos La Capital, Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución, y a las localidades ubicadas sobre la ruta 11 hacia el sur, hasta la ciudad de Coronda, y sobre la 33, hasta Casilda.

La última modificación se realizó en marzo de este año, cuando se elevó de 73 mil a 400 mil el techo a partir del cual la asignación de recursos debe ser resuelta por un decreto del Ejecutivo.

"Es llamativo que en las comunas y municipios gobernadas por el oficialismo se otorgaron 3.520.178 de pesos y las comunas y municipios con gobierno de la oposición, recibieron 1.530.000, con una población mayor residiendo en esas localidades", señaló el legislador.

Bonfatti acompañó su pedido de informes con un proyecto de ley que propone, por un lado, modificar la estructura de la unidad ejecutora.Por otra parte, propone precisar los parámetros de distribución geográfica: 70% por cantidad de habitantes y 30% por NBI.

El diputado dice que se discrimina a la oposición.