Ilegal pero frecuente. La obra social provincial quiere revisar los convenios para multar a clínicas y sanatorios involucrados

Iapos ya separa de su padrón a médicos que cobran plus

En los últimos dos meses se separó de la atención de pacientes a 60 profesionales. Y ya hay otros 13 suspendidos

Carina Bazzoni / La Capital

En los últimos dos meses, unos 60 médicos fueron excluidos del padrón de prestadores de la obra social provincial Iapos por cobrar plus en la atención de sus afiliados. Y otros 13 profesionales, de seis sanatorios rosarinos, recibieron una suspensión por solicitar adicionales antes de practicar una intervención quirúrgica. El director del Iapos, Eduardo Piaggio, reiteró que existe una "fuerte determinación para erradicar" el cobro de extras para acceder a la atención médica, y advirtió que se está estudiando sancionar también a hospitales, clínicas y sanatorios.

Mientras tanto, la campaña lanzada por el instituto para terminar con el cobro de plus ya comenzó a mostrar resultados. Siguiendo las denuncias presentadas por los afiliados a la obra social, se prescindió de los servicios de unos 60 profesionales en toda la provincia después de comprobar en todos los casos que, efectivamente, habían requerido el pago de distintas sumas de dinero para acceder a un turno o practicar distintos tipos de estudios.

Y, paralelamente, se comenzaron a realizar auditorías entre los pacientes internados en clínicas y sanatorios, tanto de Rosario como de la capital provincial. Controles que ya dejaron suspendidos a 13 profesionales.

"Los médicos no están autorizados a cobrar plus en ningún caso", remarcó Piaggio y recordó que el requerimiento de sumas extras de dinero "no se compadece con el convenio que firman con la obra social".


Sinceramiento
Pero en la práctica nada de esto se cumple. De acuerdo a las denuncias recibidas por el instituto, hay profesionales que cobran entre cinco y quince pesos la consulta, además de la orden de la obra social. Un precio que se multiplica varias veces en el caso de una intervención quirúrgica.

La dimensión del problema hizo pie también en la Defensoría del Pueblo de la provincia que, en junio pasado, debió emitir una resolución sobre el tema. Allí indica que "es imprescindible" que tanto el Iapos como los prestadores efectúen un sinceramiento "para terminar con estas prácticas que están reñidas con la ética y la letra de los convenios, y que ninguno desconoce".

Por esto en el documento se reclama que la obra social realice auditorías ordenadas de oficio y que se apliquen las sanciones pertinentes tanto a los profesionales de la salud como a las instituciones involucradas.

En el marco de esta resolución, desde el 7 de agosto, inspectores del Iapos comenzaron a auditar el funcionamiento de distintos sanatorios y centros de atención. Acompañados de trabajadores sociales, los agentes se encargan de visitar a los afiliados que se encuentran internados para interiorizarse acerca de la atención recibida y, al mismo tiempo, si debieron abonar algún tipo de adicional quirúrgico.

La idea de lanzar los controles en los efectores no fue casual. "Buscamos los lugares donde el cobro de adicionales se podía manifestar con mayor presencia y, además, con más incidencia económica para nuestros afiliados", explicó Piaggio.

Así, en Rosario se entrevistó a 108 beneficiarios, de los cuales catorce denunciaron haber pagado plus antes de someterse a la intervención. Una irregularidad que fue detectada en los sanatorios Los Arroyos, Británico, de la Mujer, Güemes y los hospitales Italiano y Español.

El monto solicitado variaba de acuerdo a los casos. Según las denuncias de los pacientes, los aranceles extras en el Sanatorio de los Arroyos trepaban entre los 1.000 y 2.000 mil pesos; en el Británico se solicitaron 1.500 pesos por una cirugía de cabeza; en el Italiano otros 800 por una operación del corazón y en el Güemes un paciente sometido a una laparoscopía debió abonar 500 pesos.

Con todo, el grueso de las denuncias se repartieron entre el Hospital Español (cuatro casos, de entre 600 y 400 pesos) y en el Sanatorio de la Mujer (cinco casos, que van de los 150 pesos por un estudio de intestino hasta los 2.200 por una cirugía).

Todos los profesionales apuntados fueron suspendidos del padrón de prestadores. Una medida que se extenderá hasta que los médicos hagan su descargo frente a una comisión mixta formada por personal del Iapos y representantes de los nosocomios.

"Si se confirman los relatos de los pacientes, estos prestadores no podrán trabajar más con la obra social", indicó el director del Iapos. Y advirtió que se está analizando hacer extensivo el castigo a las clínicas, sanatorios y hospitales donde cumplen servicios. "Pensamos modificar los convenios y hacer responsables a los directores de los efectores del control de estas situaciones", explicó.

En calle Buenos Aires al 1400 se reciben las denuncias.