Reflexiones

Trabajo en negro y clandestinaje

Gustavo P. Domingo (*)

El país se ha espantado recientemente por la muerte de trabajadores de nacionalidad boliviana en la ciudad de Buenos Aires, víctimas de la más degradante explotación laboral y el clandestinaje. Parece un absurdo que un país precursor de una rica y abundante legislación laboral se haya convertido en el paraíso del trabajo irregular o en "negro", y al margen de toda norma jurídica. Pero no es una novedad. Esa forma de explotación se había instalado en Rosario hace más de 20 años y en inspecciones laborales se constató la existencia de talleres que utilizaban mano de obra de ciudadanos bolivianos al margen de toda ley, a los que tenían en estado de semiesclavitud, incluso junto con sus familias. Se clausuraron los establecimientos irregulares y el resultado fue, con toda seguridad, que los aprovechadores de las necesidades humanas se trasladaron a otros destinos como la ciudad de Buenos Aires.

Loacontecido no es sólo consecuencia o efecto de la conducta de personas inescrupulosas o carentes de toda moralidad. Un primer análisis nos lleva a considerar aspectos relativos a los métodos de producción de algunas industrias (calzado, indumentaria, metalúrgica, etcétera), en las que básicamente se recurre a la "descentralización" o "tercerización laboral". Estos métodos de producción potencializan el trabajo irregular. Las grandes marcas y productores de indumentaria limitan su actividad a la concepción, diseño y corte de la prenda de vestir y reemplazan sus medianos o grandes talleres por "vehículos trafic".

Las piezas cortadas de la prenda de vestir son cargadas en "trafic" y éstas comienzan a peregrinar por pequeños y medianos talleres de confección (donde está presente la mano de obra intensiva) encargados de la confección. La necesidad de trabajo y competencia hace que se les pueda imponer fácilmente el precio por unidad confeccionada. Lo exiguo de tal precio hace que estos talleres forzadamente deban trabajar en forma clandestina, irregular, con condiciones indignas e inhumanas.

Estesistema de producción también impide la capitalización de la actividad, la capacitación, la inversión en tecnología y el desarrollo, como también la existencia de economías productivas de mayor escala que posibilite la competitividad de la industria a nivel internacional o por lo menos en el Mercosur.

Pero también hay causas jurídicas y políticas. La ley prevé la clausura de los establecimientos clandestinos y con trabajadores en negro, como el castigo o reproche penal a los evasores del sistema de seguridad social. Pero si la solución es tan sencilla, ¿por qué nada se hace en un país que tiene casi el 50% de trabajadores en negro?

Estudios de la Organización Nacional del Trabajo muestran que en América latina, entre 1990 y 2003, de cada 10 nuevas personas ocupadas, seis trabajan en la llamada "economía informal". Sin embargo todo sigue igual, el trabajo en negro se mantiene en el mismo nivel o creciendo, y casos de trabajadores bolivianos explotados son conocidos desde hace más de 20 años.

Para responder aquella pregunta debemos indagar sobre causas y consecuencias. Cuando enseño a mis alumnos de derecho del trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, les digo que trato de enseñar una rama del derecho que es mitad realidad y mitad ficción, pues sólo al 50% se les aplica sus normas y para el resto no existe. Es fácil observar un verdadero divorcio entre la realidad y el derecho. Se legisla pensando en los grandes establecimientos de principios del siglo XX, sin observar que la realidad de hoy nos indica que son minoritarios en cuanto a utilización de mano de obra. Estos establecimientos son de capital intensivo y carecen de mano de obra intensiva, razón por la cual los costos laborales inciden escasamente; por el contrario, les otorgan ventajas en relación a pequeñas o medianas empresas.

Podemos afirmar que se está beneficiando a grandes corporaciones (que registran altos índices de concentración, desnacionalización, monopolización o cartelización) y castigando a las pequeñas y medianas empresas que son las que absorben mayor cantidad de mano de obra y en las que en mayor medida se registra la informalidad.

Otra posibilidad es también que el derecho del trabajo esté viviendo una crisis de territorialidad derivada del hecho de que los cambios tecnológicos, la apertura del comercio y la liberalización de las acciones internacionales han producido la globalización de la economía y producción: el capital, la tecnología y las inversiones saltan fronteras mientras que la ley no lo hace ni puede hacerlo. Esto requiere esfuerzos, capacidad, inteligencia en el legislador para adaptarse a estos cambios de la economía y la producción. Esta inteligencia también es necesaria para formular una adecuación que permita distinguir lo que es diferente. No es lo mismo una pequeña empresa con mano de obra intensiva que una gran empresa de capital intensivo. Si legislamos pensando en ésta perjudicamos a aquélla.

Elderecho del trabajo padece una excesiva ideologización y está perdiendo uno de sus caracteres esenciales: el realismo. No se está observando la realidad y así el informalismo se mantiene o crece. Se está perdiendo capacidad para solucionar y responder a los nuevos criterios con que se mueve la producción y la economía al no dar respuestas realistas o adecuadas a las novedades de los mercados en el siglo XXI y tal como lo hizo a principios del siglo XX ante las condiciones indignas de explotación de los trabajadores.

El Estado observa una conducta hipócrita o por lo menos ambivalente y demagógica. Por un lado sanciona leyes proteccionistas, de profundo contenido social y progresista, y por otro desde hace más de 20 años convive y tolera el trabajo al margen de ellas, aceptando que éstas se apliquen sólo a una parte de los trabajadores. ¿Cuál es la razón de dicha conducta contradictoria del Estado?

En vez de recurrir con inteligencia a la formalización de nuevas políticas legislativas laborales adecuadas a la realidad, se prefiere seguir conviviendo con el clandestinaje. Para cubrir las apariencias ha sancionado leyes (24.013) que castigan severamente la irregularidad pero que de poco han servido ya que el porcentaje de la informalidad ha variado muy poco. Ni ha perseguido el trabajo en negro ni ha tratado de actualizar la legislación laboral para adaptarla a los nuevos esquemas productivos. Hoy el Estado alienta la constitución de cooperativas de trabajo y es bastante común que las mismas sean utilizadas en forma no genuina.

En nuestra provincia se han detectado casos de empleadores que hacen constituir a sus empleados una cooperativa a la que alquila máquinas y lugar físico (el mismo establecimiento) y le compra la producción a precio fijo (no existen salarios). Así no sólo se pone en peligro el sistema de seguridad social, sino que genera una competencia desleal para empresas regulares y fomenta el trabajo en negro, castigando, a su vez, al genuino cooperativismo.

En resumen, la denigrante muerte de los trabajadores bolivianos no es más que la crónica de un final anunciado.

(*) Profesor adjunto de derecho del trabajo y seguridad social, Facultad de Derecho (UNR)